Redacción SLC
Un proyecto presentado en la Legislatura de Tucumán busca establecer nuevas restricciones para las personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias y permanecen inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios. La iniciativa apunta a impedir que puedan destinar recursos económicos al juego, las apuestas o determinadas actividades recreativas mientras mantienen una deuda alimentaria judicialmente constatada.
La propuesta fue impulsada por los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra y plantea que, mientras dure la inscripción, estas personas no puedan ingresar a casinos, bingos y salas de juegos de azar. También se busca impedirles abrir cuentas, depositar dinero o realizar apuestas en plataformas online, además de restringir el acceso a determinados espectáculos deportivos de concurrencia masiva.
“Quien dispone de recursos económicos debe atender primero las necesidades de sus hijos. No resulta razonable que una persona destine dinero al juego y a las apuestas mientras mantiene una deuda alimentaria judicialmente constatada”, sostuvieron los autores del proyecto.
La iniciativa también contempla un mecanismo para actuar sobre eventuales fondos, premios o ganancias que correspondan a una persona incluida en el Registro. En caso de detectarse esos recursos, podrían ser inmovilizados preventivamente y la situación debería ser comunicada al órgano judicial correspondiente, que será el encargado de determinar si corresponde embargarlos, transferirlos o afectarlos al pago de la deuda alimentaria.
Bussi y Verón Guerra plantearon que el objetivo no es establecer una sanción permanente ni reemplazar las herramientas judiciales existentes, sino sumar mecanismos destinados a favorecer el cumplimiento de las obligaciones. Las restricciones, según el proyecto, tendrían vigencia mientras la persona permanezca registrada como deudora alimentaria.
“La cuota alimentaria no es una deuda común. Está directamente vinculada con derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la vestimenta y su desarrollo integral”, señalaron los legisladores.
El proyecto establece además obligaciones para los operadores de juegos de azar y apuestas. Antes de permitir el ingreso a determinados establecimientos, habilitar nuevas cuentas, recibir depósitos, autorizar jugadas o abonar premios, deberán implementar mecanismos para verificar si la persona se encuentra inscripta en el Registro.
Para realizar esos controles, la iniciativa prevé la utilización de herramientas electrónicas que permitan consultar la información de manera actualizada. Al mismo tiempo, incorpora disposiciones específicas para proteger los datos personales de quienes figuren en el registro.
Según la propuesta, los operadores únicamente podrán conocer si existe una inscripción vigente. No tendrán acceso al nombre del alimentado, el monto de la deuda, el expediente judicial ni a otros datos que excedan la finalidad específica de la medida.
Las restricciones dejarían de aplicarse cuando el Poder Judicial disponga la baja de la persona del Registro de Deudores Alimentarios. Actualmente, la normativa provincial establece que la inscripción y la baja se realizan por orden judicial. “Este proyecto coloca en el centro a quienes realmente necesitan protección: los hijos. Antes de apostar, jugar o destinar dinero al entretenimiento, hay que cumplir con ellos”, concluyeron Bussi y Verón Guerra.
