Redacción SLC
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán intensificó las acciones administrativas y legales contra las plataformas digitales de transporte que no cumplen con la ordenanza vigente en la capital. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, confirmó que las empresas fueron intimadas en reiteradas oportunidades, pero ante la falta de respuestas la comuna avanza ahora hacia una instancia concreta de litigio y sanciones.
Uno de los principales puntos del proceso está relacionado con la falta de información sobre los conductores y vehículos que trabajan a través de estas plataformas. Según explicó Arnedo, el Fiscal de Estado Municipal ya dio viabilidad jurídica para que el Municipio conforme un padrón propio que permita identificar quiénes prestan el servicio, bajo qué modalidad y con qué unidades circulan por la ciudad.
La medida busca suplir la información que, de acuerdo con lo señalado por el funcionario, las empresas nunca remitieron pese a los pedidos formales realizados por la Municipalidad. El objetivo es contar con una base que permita determinar el universo de prestadores y avanzar con los controles correspondientes.
Arnedo también vinculó esta situación con la protesta protagonizada por un grupo de taxistas durante el martes. El funcionario sostuvo que el Municipio viene actuando dentro de los márgenes establecidos por la normativa, aunque reconoció que el proceso se complejiza debido a que las plataformas no enviaron los registros de conductores y vehículos y tampoco concretaron su inscripción fiscal en San Miguel de Tucumán.
En paralelo, la Municipalidad trabaja desde mayo en la investigación que podría derivar en multas de importante magnitud. Según explicó el secretario, una de las dificultades estuvo relacionada con la necesidad de reunir información que permita establecer la base económica sobre la cual deberán calcularse las sanciones por la falta de radicación fiscal y el incumplimiento de las obligaciones previstas.
El proceso también presenta una particularidad vinculada con el domicilio fiscal de las empresas. Arnedo indicó que las plataformas tienen sus domicilios fiscales en Buenos Aires, por lo que parte de las acciones administrativas y legales deberá dirigirse hacia esa jurisdicción.
El expediente ya alcanzó un 70% de avance, de acuerdo con lo informado por el funcionario. Una vez completada esta etapa, las actuaciones serán remitidas a la Secretaría de Ingresos Públicos del Municipio.
Será ese organismo el encargado de realizar la determinación fiscal correspondiente y establecer el monto final de las sanciones que podrían aplicarse a las plataformas que, según la investigación municipal, no cumplieron con las exigencias establecidas por la normativa vigente.
De esta manera, la Municipalidad busca avanzar por la vía administrativa y legal frente a las empresas de transporte digital, mientras trabaja en un mecanismo propio para identificar a los conductores y vehículos que prestan el servicio. El proceso se encuentra en su etapa final de investigación antes de que se determine el alcance económico de las multas.
