Una diputada libertaria propuso suspender por un mes el sueldo de los legisladores que insulten en el Congreso

La diputada nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Mercedes Llano, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que propone suspender durante un mes el sueldo de los legisladores que incurran en insultos o utilicen expresiones injuriosas, soeces o denigrantes dentro del ámbito parlamentario. La iniciativa busca incorporar una sanción específica frente a este tipo de conductas durante la actividad de la Cámara.
El proyecto establece además un agravamiento de la sanción para determinados casos. Según la propuesta, si existe reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, la suspensión de la dieta podría extenderse hasta dos meses.
Llano plantea en los fundamentos que la medida no apunta a limitar el debate político ni las expresiones propias de la actividad parlamentaria. “La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, sostiene la legisladora.
En ese sentido, el proyecto diferencia las expresiones que forman parte del debate de aquellas que considera pasibles de una sanción disciplinaria. La iniciativa busca preservar las opiniones, críticas y juicios de valor amparados por la libertad de expresión parlamentaria.
“La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones”, afirmó Llano. La diputada agregó que, a su entender, “no hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”.
La propuesta llega después de distintos episodios de cruces y enfrentamientos registrados en el ámbito del Congreso, en un contexto en el que el comportamiento de los legisladores volvió a quedar bajo discusión. El proyecto de Llano busca establecer una consecuencia económica concreta frente a insultos y otras conductas que excedan el debate parlamentario.
De avanzar la iniciativa, las sanciones quedarían vinculadas a la conducta de los diputados durante la actividad de la Cámara, con una escala que contempla un mes de suspensión de la dieta como regla general y hasta dos meses para situaciones consideradas más graves o ante reincidencia.

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