Redacción SLC
Las inundaciones en Tucumán no responden únicamente a la intensidad de las lluvias. Según el ingeniero Leandro Díaz, director del Laboratorio de Construcciones Hidráulicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el problema también está relacionado con la frecuencia de las tormentas, la expansión urbana y la ocupación de espacios por donde históricamente circulaba el agua. “Si bien quizás en el milimetraje no llueva más de lo que llovió alguna vez en el pasado, ocurre más seguido”, explicó.
En diálogo con La Gaceta, el especialista analizó las condiciones que se esperan para la temporada de lluvias, entre octubre y marzo, y los desafíos que enfrenta la provincia ante la posibilidad de precipitaciones intensas. Aunque hasta el inicio del verano el volumen acumulado podría mantenerse dentro de los valores normales, advirtió que eso no descarta episodios concentrados y violentos. Según señaló, el calentamiento de la atmósfera puede aportar energía para tormentas localizadas de gran intensidad.
El fenómeno conocido como “Súper Niño” se vincula con la fase cálida de un ciclo climático natural, caracterizada por temperaturas superiores a las habituales en las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones. En Tucumán, además, las características del relieve contribuyen a intensificar las precipitaciones: las montañas del oeste y del norte frenan los vientos húmedos provenientes del sureste y favorecen lluvias intensas y de corta duración en el piedemonte.
Díaz distinguió dos mecanismos principales de inundación. El primero es el pluvial, que ocurre cuando el agua que cae sobre la ciudad supera la capacidad de los sistemas de drenaje. La lluvia escurre desde los techos hacia las calles y cunetas, ingresa por los imbornales y llega a los desagües subterráneos o a canales abiertos, como los Cintura Norte y Sur, que la conducen hacia el río Salí.
“¿Por qué se inunda la ciudad? Porque la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad que tiene este sistema para evacuar las aguas”, resumió el ingeniero. El segundo tipo se produce cuando un río desborda su cauce y avanza sobre las áreas urbanizadas. En localidades como La Madrid, explicó, pueden combinarse ambos procesos, lo que agrava las consecuencias de las lluvias.
Para el especialista, el riesgo hídrico depende de dos componentes: la amenaza que representan las precipitaciones y la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas. Esta última aumentó a medida que se construyó sobre terrenos que antes funcionaban como vías naturales de escurrimiento o como bañados capaces de retener temporalmente el agua de las crecidas.
Como ejemplo, recordó que el área donde hoy se encuentra el Parque 9 de Julio era una zona pantanosa en la que se desbordaba el río Salí antes de la regulación ejercida por el dique El Cadillal. Esos espacios permitían que el agua se expandiera y liberara de manera gradual. La urbanización y la impermeabilización del suelo mediante techos, calles y pavimento redujeron esa capacidad natural de absorción y aumentaron el volumen de agua que circula superficialmente.
Díaz también advirtió sobre la presencia de viviendas en áreas de alto riesgo. “Tenemos viviendas que están inclusive en el cauce mayor del río Salí”, señaló. A esa situación sumó las ocupaciones sobre el Camino de Sirga y en franjas que deberían permanecer libres a los costados de los canales Cintura Norte y Sur, donde consideró que no deberían haberse autorizado construcciones.
La geología de Tucumán agrega otro factor de riesgo. Según explicó Díaz, numerosas poblaciones están asentadas sobre lechos de deyección, formados por sedimentos que descendieron de las montañas durante siglos, y sobre paleocauces, es decir, antiguos recorridos naturales del agua. Aunque esos trazados hayan dejado de funcionar como cauces principales, pueden volver a conducir escorrentías durante episodios de lluvias intensas.
“Estos cauces tienen una tendencia a volver por sus viejos lugares y hoy están ocupados”, advirtió. La pendiente con la que desciende el agua desde las zonas montañosas incrementa su velocidad y capacidad destructiva, mientras que la cercanía de las laderas reduce el tiempo disponible para responder ante una crecida.
En La Madrid, el ingeniero señaló que las intervenciones sobre zonas de bañados, como el del río San Francisco, que no habrían sido adecuadamente controladas o evaluadas, habrían contribuido a incrementar los aportes de agua. Según su análisis, esa situación favorece inundaciones más recurrentes y prolonga el tiempo durante el cual el agua permanece en las zonas afectadas.
Frente a este escenario, Díaz sostuvo que la limpieza y la restauración de los cauces no deberían limitarse a operativos extraordinarios después de una emergencia. “Esta prevención-mantenimiento debe hacerse todos los años”, afirmó. Como alternativa, propuso establecer un presupuesto anual específico que permita intervenir de manera planificada, con ciclos de dos o tres años para abarcar todos los cauces y canales del territorio provincial.
Más allá de las obras hidráulicas, Díaz identificó una dificultad estructural en la organización del Estado: la falta de un organismo responsable de planificar el riesgo hídrico a gran escala. “No hay un organismo que tenga a su cargo la planificación a gran escala”, afirmó, al plantear la necesidad de anticipar escenarios tanto de lluvias extraordinarias como de sequías.
El especialista recordó que las obras no eliminan por completo las inundaciones, sino que buscan reducir sus consecuencias, por ejemplo, disminuyendo la altura que alcanza el agua en las áreas urbanas y el tiempo que permanece allí. También cuestionó la falta de coordinación entre organismos estatales que dependen de distintas áreas y que, aun contando con personal técnico capacitado, no siempre trabajan de manera conjunta. “Técnicos bien formados en un organismo y en otro a veces no trabajan conjuntamente porque tienen dependencias distintas y hay una burocracia que no deja que trabajen juntos”, sostuvo.
En cuanto a las responsabilidades institucionales, planteó que los organismos técnicos del Estado deben contar con recursos humanos y tecnológicos suficientes para hacer cumplir las normas. La universidad, en cambio, debe concentrarse en la investigación y la formación de profesionales, mientras que las decisiones sobre las políticas públicas corresponden a los funcionarios responsables de la gestión.
Entre las medidas para reducir la vulnerabilidad, Díaz propuso restringir las construcciones en determinadas zonas mediante planes urbanísticos y normas que limiten la superficie impermeable de los terrenos. También destacó la exigencia para las nuevas urbanizaciones de no aumentar el caudal máximo de agua que escurre después de la construcción respecto del que existía antes de la intervención, con el objetivo de evitar que los problemas de un terreno se trasladen a otros ubicados aguas abajo.
El planteo también alcanza a las viviendas particulares. El ingeniero sugirió incorporar sistemas para retener parte del agua de lluvia y evitar que todo el volumen llegue de manera simultánea a las cunetas. Esa estrategia permitiría aprovechar mejor la infraestructura existente y reducir la necesidad de ejecutar obras de gran escala.
Por último, reclamó elaborar y actualizar mapas de riesgo hídrico para ciudades y urbanizaciones, de modo que las condiciones para construir respondan a las características de cada sector. Para Díaz, la combinación de mantenimiento permanente, planificación territorial, coordinación entre organismos y regulación de las nuevas construcciones resulta central para reducir los daños que pueden provocar las próximas tormentas.
