Murió el policía tucumano baleado por un compañero: la Fiscalía cambió la imputación a homicidio

Nicolás Agustín Albaca Romano, el policía de Tucumán que había recibido un disparo en el tórax mientras cumplía funciones en una garita de vigilancia, murió luego de permanecer siete días internado en estado crítico en el Hospital Centro de Salud. El joven, de 23 años, había sufrido graves lesiones que comprometieron el hemitórax izquierdo y el páncreas, y pese a las intervenciones quirúrgicas y la asistencia médica, no logró recuperarse.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes 6 de octubre, alrededor de las 0.30, en una casilla policial situada en la intersección de calle Charcas y pasaje Díaz Vélez, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda, en la zona del Predio Ferial. La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, al momento del hecho el agente Benjamín Eduardo Díaz, integrante del Personal Transitorio Policial de la Dirección de Distritos Urbanos N.º 1, se encontraba dentro de la garita, cerca de la puerta. En el exterior permanecían Albaca Romano y los efectivos Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán.

En esas circunstancias, por motivos que todavía deben esclarecerse, se accionó la pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, marca FN Browning, que pertenecía a Benjamín Díaz. El proyectil ingresó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano y quedó alojado en su cuerpo, sin orificio de salida. Tras el aviso de los vecinos, un móvil policial a cargo del subcomisario Cristian del Carril trasladó de urgencia al herido al Hospital Centro de Salud.

En las primeras declaraciones ante las autoridades, el policía acusado sostuvo que el disparo había sido accidental y que se produjo mientras manipulaba su arma reglamentaria. Durante la audiencia de formalización de la investigación, realizada el miércoles 7 de octubre, el auxiliar fiscal Alejandro Andole le había atribuido inicialmente el delito de lesiones graves.

En esa misma instancia, el juez interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva de Benjamín Eduardo Díaz hasta el 1 de diciembre. La medida se fundamentó en la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.

Con la confirmación de la muerte de Albaca Romano, la Fiscalía readecuó la calificación legal de la conducta investigada y avanzó hacia la figura de homicidio. El cambio de imputación modifica el encuadre penal de la causa, aunque las circunstancias exactas del disparo y las responsabilidades deberán determinarse durante el proceso judicial.

Antes de conocerse el fallecimiento del joven policía, los abogados defensores de Díaz, José María Molina y Fabrizio Caruso, habían planteado que el episodio debía interpretarse como una tragedia involuntaria o como una posible negligencia. Los letrados insistieron en la necesidad de esclarecer cómo se produjo el disparo y cuál fue la actuación de su defendido.

En ese contexto, expresaron: “Lo único que pide es la pronta recuperación de su compañero”, al referirse al deseo de Díaz de que Albaca Romano pudiera recuperarse y declarar sobre lo sucedido. La muerte de la víctima abre ahora una nueva etapa en la investigación, que deberá establecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad penal del efectivo imputado.