Redacción SLC
La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una extensa sesión especial este miércoles, desde las 12, con un temario que podría prolongar el debate hasta la madrugada del jueves. El oficialismo confía en reunir el quórum y defender sus dictámenes de mayoría, mientras los bloques opositores buscarán aprovechar las diferencias en torno a distintas iniciativas para impulsar sus propias propuestas.
La convocatoria se produce después de que el jueves pasado fracasara una sesión impulsada por la oposición por falta de quórum. En esta oportunidad, La Libertad Avanza buscará capitalizar esa situación y avanzar con sus proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar, dos asuntos que también formaban parte de la agenda de la sesión fallida y que fueron incorporados al temario para sumar respaldos entre los sectores dialoguistas.
El primer asunto que se tratará será el proyecto enviado por el Senado sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa propone modificaciones al régimen de expropiaciones y desalojos y, al mismo tiempo, ratifica la vigencia de la Ley de Tierras, una norma que regula la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.
El temario también incluye un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, como el fentanilo, cuyo brote de ampollas contaminadas provocó una grave crisis sanitaria. La propuesta fue trabajada por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la exlegisladora Mónica Fein. Además, se debatirá una iniciativa para endurecer las penas por vandalismo rural.
Sin embargo, buena parte de la atención estará puesta en las iniciativas vinculadas con discapacidad y deudas familiares. El oficialismo intentará imponer sus dictámenes para impedir que prosperen las alternativas opositoras, que plantean extender la emergencia en discapacidad y establecer un régimen de refinanciación para personas con atrasos en el pago de sus obligaciones.
En materia de discapacidad, La Libertad Avanza llega con un dictamen acordado con el PRO y la UCR, que incorporó modificaciones reclamadas por Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). La propuesta mantiene el esquema de beneficios previsto en la Ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para convertirlo en una norma de orden público con efectos permanentes.
La oposición, en cambio, impulsa una prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Sus integrantes sostienen que esa herramienta permitiría exigir respuestas judiciales más urgentes frente a las solicitudes de pensión pendientes y los pagos adeudados a prestadores. Según los argumentos presentados por esos bloques, existen 324.303 solicitudes de pensión sin resolver y un atraso arancelario del 30,67% para los prestadores.
Entre las críticas al proyecto oficialista, los bloques opositores advierten que se mantienen separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, se endurecen los requisitos de acceso y se delegan aspectos centrales de la evaluación en la reglamentación. También cuestionan que las pensiones puedan suspenderse mediante cruces de datos, sin garantías suficientes de debido proceso, y señalan que la propuesta no asegura el financiamiento ni el pago de las deudas acumuladas con los prestadores.
Los sectores que respaldan la prórroga afirman contar con el acompañamiento del Consejo Federal de la Discapacidad, organizaciones de y para personas con discapacidad, el Foro Permanente Discapacidad, asociaciones de prestadores y transportistas y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. El desenlace dependerá de los apoyos que cada espacio consiga reunir durante la sesión.
El otro eje de disputa será el endeudamiento familiar. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, prioriza que los usuarios reciban información detallada sobre los créditos para prevenir irregularidades, pero no establece tasas máximas ni mecanismos específicos de refinanciación para los deudores en situación crítica.
Frente a esa propuesta, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsan el proyecto denominado “Ley de regularización y alivio financiero”. La iniciativa declara la emergencia por 180 días y plantea un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con más de 60 días de mora y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes a $3.265.010 según el monto consignado en el proyecto.
Con este conjunto de iniciativas, la sesión se perfila como una prueba para el oficialismo y la oposición en la búsqueda de mayorías parlamentarias. La discusión sobre discapacidad y endeudamiento concentrará buena parte de la disputa política, mientras los proyectos sobre propiedad privada, medicamentos y vandalismo rural completarán una agenda que promete extenderse durante varias horas.
