Redacción SLC
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y lo devolvió al Senado con modificaciones que incluyen la restitución de la Ley de Tierras. El oficialismo consiguió sancionar la iniciativa en la Cámara baja con 124 votos positivos, 119 negativos y seis abstenciones, en una votación ajustada en la que la posición de un grupo de legisladores resultó determinante.
Las abstenciones correspondieron a cinco diputados del cordobesismo, que integra Provincias Unidas, y al legislador del PRO Álvaro González. Sin esos votos, el rechazo habría tenido mayores posibilidades de imponerse, de acuerdo con el resultado registrado en el recinto.
Uno de los puntos centrales del debate fue el capítulo referido a la Ley de Tierras, que se votó de manera nominal durante el tratamiento en particular. Ese apartado obtuvo 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones, una mayoría superior a los dos tercios que reflejó el respaldo alcanzado para restablecer la normativa.
El proyecto contempla derogar el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que había dispuesto la derogación total de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La norma establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y dispone que los propietarios extranjeros no pueden superar el 15% del total a nivel nacional, provincial y municipal. La iniciativa también prevé restituir la plena vigencia de esa legislación.
La cuestión había generado fuertes diferencias durante el tratamiento previo en el Senado. La propuesta original impulsada por el ministro Federico Sturzenegger buscaba eliminar las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, en línea con el DNU de Javier Milei, cuyo artículo 154 fue cuestionado judicialmente.
Durante las negociaciones previas a aquella sesión, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado la incorporación de un límite del 25% para la titularidad extranjera. Sin embargo, la modificación no alcanzó para sostener ese capítulo, que finalmente quedó afuera del texto aprobado por la Cámara alta.
El escenario judicial volvió a modificar el debate meses después. La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata al considerar que la organización carecía de legitimidad procesal para presentar el reclamo y revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. La resolución generó cuestionamientos y motivó una aclaración posterior del máximo tribunal.
En el Congreso, la oposición más crítica reaccionó con un intento de avanzar en la derogación del DNU 70/23, aunque la sesión convocada para el 15 de octubre no consiguió reunir quórum. Posteriormente, la Corte dictó una medida cautelar interina que suspendió los efectos de la derogación de la Ley de Tierras en el marco de otro reclamo judicial, presentado por una organización ambiental. El tribunal todavía no resolvió el fondo de esa controversia.
Pese a ese nuevo pronunciamiento, el oficialismo avanzó con el tratamiento parlamentario y acordó con sus aliados incorporar la restitución de la Ley de Tierras al dictamen. La decisión introdujo un cambio sustancial respecto de la propuesta original del Gobierno, que buscaba eliminar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La iniciativa había sido tratada de manera acelerada en comisiones, convocadas de urgencia por La Libertad Avanza, en un contexto marcado por los cuestionamientos judiciales al DNU 70/23. El proyecto también incluye modificaciones vinculadas con desalojos, expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble.
Con la aprobación de Diputados, el texto regresará al Senado, donde deberá afrontar una nueva instancia de debate. La Cámara alta ya había introducido numerosas modificaciones durante el tratamiento anterior y había dejado afuera otros capítulos vinculados con la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de Barrios Populares, por lo que el futuro de la iniciativa dependerá de las negociaciones que se desarrollen en esa instancia.
