Redacción SLC
El Gobierno de Tucumán acordó con la Nación desistir de dos demandas judiciales que la Provincia había iniciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, por medidas que redujeron las alícuotas de impuestos coparticipables. La decisión quedó formalizada mediante el decreto provincial 1680/3 (MEyP), publicado este jueves en la edición digital del Boletín Oficial, y se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
Según detalló La Gaceta, el convenio había sido firmado el 23 de julio por el ministro de Economía tucumano, Daniel Abad, y su par nacional, Luis “Toto” Caputo, en el marco del Decreto 219/2026 del Gobierno nacional. Esa normativa habilitó anticipos financieros por hasta $400.000 millones para 12 provincias, entre ellas Tucumán, y estableció condiciones para ordenar las obligaciones pendientes entre las jurisdicciones.
La formalización del acuerdo representa el cumplimiento de uno de los compromisos vinculados con ese mecanismo de asistencia financiera. Según los fundamentos del decreto provincial, el objetivo es avanzar en la compensación de acreencias y obligaciones entre ambas administraciones, establecer los saldos resultantes y definir las condiciones para su cancelación.
El decreto 1680/3 incorpora al REOR, creado en 2024, determinadas “acreencias y obligaciones recíprocas existentes entre el Estado Nacional y la Provincia de Tucumán”. El mecanismo contempla la compensación de esas obligaciones y las condiciones para resolver los compromisos financieros entre las partes.
El instrumento provincial sostiene que el convenio apunta al “saneamiento de las relaciones financieras existentes entre el Estado Nacional y la Provincia de Tucumán”. En ese marco, además de aprobar el acuerdo suscripto por Abad y Caputo, autoriza a la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado a desistir de los dos expedientes que permanecían vinculados con los cambios tributarios de 2019.
Entre los argumentos económicos incluidos en los considerandos, el Ejecutivo tucumano señala que la operatoria permitirá ordenar las obligaciones recíprocas, fortalecer la disponibilidad financiera del Tesoro provincial y contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.
Los expedientes se originaron en el segundo semestre de 2019, cuando el entonces Gobierno nacional dispuso modificaciones tributarias mediante los decretos 567/2019 y 561/2019. El primero estableció una alícuota del 0% del IVA para determinados alimentos, mientras que el segundo introdujo cambios relacionados con el Impuesto a las Ganancias, el Monotributo y los aportes previsionales.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía de Estado de Tucumán, conducida por Gilda Pedicone, esas medidas fueron cuestionadas porque, aunque se presentaron como instrumentos de alivio económico, reducían recursos que correspondían a las provincias a través de la coparticipación federal.
Ante el riesgo de una disminución de sus ingresos, Tucumán acudió a la Corte Suprema y obtuvo dos medidas cautelares. La primera, del 1 de octubre de 2019, dispuso que el costo fiscal de la reducción del IVA fuera asumido por el Estado nacional con recursos propios. La segunda, dictada el 8 de octubre de ese año, estableció una protección equivalente frente a los efectos de las modificaciones en Ganancias.
Desde la Fiscalía de Estado sostuvieron que la estrategia judicial permitió neutralizar la pérdida de recursos coparticipables y resguardar la autonomía tributaria provincial. El organismo también recordó que, tras la firma del Consenso Fiscal de 2020, ambas causas quedaron formalmente suspendidas.
Posteriormente, la derogación de las normas cuestionadas y la celebración de nuevos acuerdos fiscales modificaron el escenario que había dado origen a los litigios. Según el informe provincial, las demandas cumplieron su objetivo de proteger los recursos públicos. La Fiscalía también señaló que la Corte Suprema había adoptado criterios similares en causas promovidas por otras provincias, entre ellas Catamarca, Chubut y Entre Ríos.
La decisión de Tucumán se inscribe en una estrategia más amplia de reorganización de las relaciones financieras entre el Estado nacional y las provincias. El proyecto de Presupuesto nacional para 2027, enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, incluye una referencia a la reducción de la conflictividad judicial en el marco del federalismo de concertación.
En el apartado dedicado a la coordinación fiscal provincial, la iniciativa sostiene que durante 2025 y el transcurso de 2026 se profundizó una política orientada al equilibrio fiscal, la reducción de la presión tributaria sobre el sector privado y la eliminación de la discrecionalidad en las transferencias presupuestarias.
El documento también destaca el impacto del REOR en la resolución de controversias entre jurisdicciones. “Adicionalmente, en el marco del federalismo de concertación, se logró disminuir la conflictividad con las jurisdicciones provinciales, desistiendo estas últimas de 37 procesos judiciales dentro del REOR”, señala el proyecto. Dos de esos expedientes corresponden a las demandas impulsadas por Tucumán en 2019.
Con la aprobación del convenio y la autorización para retirar las acciones judiciales, el Gobierno provincial avanza en el cierre de esos litigios y en el ordenamiento de sus compromisos financieros con la Nación. La medida forma parte del mecanismo de compensación acordado entre ambas administraciones y de las condiciones vinculadas con el anticipo financiero otorgado a la Provincia.
