Transporte en Tucumán: AETAT advierte que el boleto debería costar $3.500 sin subsidios

El transporte público de pasajeros de Tucumán atraviesa un escenario de dificultades económicas, marcado por el aumento de los costos operativos y la caída en la cantidad de usuarios. En ese contexto, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, estimó que el boleto debería costar alrededor de $3.500 si el sistema funcionara sin asistencia estatal.

En declaraciones a LG Play, el dirigente explicó que el Estado provincial destina aproximadamente $12.000 millones mensuales al sostenimiento del transporte. Sin embargo, aclaró que ese monto no corresponde exclusivamente a subsidios tarifarios, sino que incluye distintos conceptos vinculados con las prestaciones del sistema.

Según detalló, unos $5.500 millones se destinan a compensaciones tarifarias. El resto cubre beneficios como el boleto gratuito para más de 100.000 estudiantes y los 16 viajes mensuales que reciben entre 85.000 y 95.000 jubilados. En ambos casos, precisó, el Gobierno provincial financia la mitad del costo y las empresas absorben la otra parte. Además, indicó que entre el 33% y el 35% de los fondos para compensaciones se distribuye al transporte urbano municipal.

Al explicar por qué considera que el boleto debería alcanzar los $3.500 sin subsidios, Berretta enumeró los principales componentes del costo del servicio: salarios, cargas sociales, combustible, insumos y renovación de unidades. A esos gastos se suman los incrementos frecuentes de los costos operativos, que obligan a revisar periódicamente las cuentas de las empresas.

Como ejemplo, mencionó que el gasoil aumentó un 10% durante la última semana y que los salarios del sector registraron una suba del 11,7% el mes pasado. Según planteó, esas variaciones impactan directamente en la estructura de costos y presionan sobre la tarifa.

Otro de los factores que complica la situación es la pérdida de pasajeros. De acuerdo con las estimaciones del vicepresidente de Aetat, el sistema transporta actualmente entre un 45% y un 50% menos de usuarios que en 2019, el último año previo a la pandemia. La disminución de la demanda reduce los ingresos de las empresas, mientras que los gastos deben distribuirse entre una cantidad menor de boletos vendidos.

Berretta consideró, no obstante, que Tucumán se encuentra entre las provincias mejor posicionadas del Norte Grande. Como referencia, mencionó que Salta, históricamente considerada un modelo en materia de transporte, debió reducir sus servicios. También sostuvo que ambas jurisdicciones están entre las que pagan salarios actualizados en línea con los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Frente a este panorama, el dirigente reclamó que el Gobierno nacional reconozca las necesidades del transporte del interior y propuso reducir la carga impositiva sobre el gasoil, además de establecer mecanismos de compensación para las petroleras. Según explicó, el 35% del precio del combustible corresponde a impuestos y existe otro 15% sobre el que podrían aplicarse beneficios fiscales.

“Es el momento de que la Nación compense al interior del país, aunque sea de esta manera, sin mandar plata, sino bajando impuestos”, sostuvo Berretta. A su entender, una medida de ese tipo permitiría aliviar los costos de las empresas y sostener las tarifas durante un período, sin trasladar toda la presión económica a los usuarios.

El vicepresidente de Aetat anticipó que llevará el planteo ante diputados, senadores y autoridades nacionales. La iniciativa se presentará luego de que las gestiones realizadas a través de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) no consiguieran respuestas favorables.

Más allá de una eventual reducción de impuestos al combustible, Berretta consideró que esa medida no resolvería por sí sola las dificultades del transporte público. Por eso, planteó la necesidad de avanzar en una reestructuración integral y abrir una discusión sobre el modelo de servicio que buscan implementar la Provincia y los municipios.

Entre las alternativas que mencionó, propuso ampliar los carriles exclusivos y establecer entre cuatro y seis arterias prioritarias para la circulación de colectivos. El objetivo sería agilizar los recorridos, reducir los tiempos de viaje y mejorar la prestación para los pasajeros.

También planteó revisar la regulación de las aplicaciones de transporte y tomó como referencia el caso de Córdoba, donde se habilitaron plataformas para vehículos particulares, pero no las modalidades de motos. Según explicó, esa diferencia está relacionada con cuestiones de seguridad y con la falta de seguros que garanticen la cobertura de los pasajeros.

“El transporte público tiene prioridad en todo el mundo. Y en todo el mundo es subsidiado”, afirmó Berretta. Para el sector empresario, el desafío pasa tanto por conseguir alivio frente al aumento de los costos como por discutir cambios estructurales que permitan sostener el servicio en el tiempo.