La ley se promulgó pero quedó suspendida por el Gobierno hasta que se determine las fuentes de financiamiento.
Política23/10/2025
Redacción SLC
El Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario en el último día del plazo legal, pero su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. La decisión generó un fuerte rechazo en el sistema universitario público, que advierte sobre la gravedad institucional de postergar una norma aprobada por amplia mayoría y con consenso político.
“Un decreto no puede suspender una ley”, sostuvo Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA, mientras que el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, calificó la medida como “grave para la institucionalidad democrática del país” y advirtió que se está naturalizando el incumplimiento de leyes con alta legitimidad social.
La norma establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales y actualizar mensualmente sus partidas de gastos y salarios según la inflación. Además, contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y la convocatoria a paritarias.
Sin embargo, el Gobierno frenó su implementación argumentando que el Congreso aún no definió los recursos para financiarla. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación plena de la ley representaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalente al 0,23% del PBI. El año pasado, el presidente Javier Milei ya había vetado una iniciativa similar, que finalmente no fue ratificada por el Parlamento.
Ante la suspensión, los rectores de todas las universidades nacionales resolvieron elevar un pedido formal al Congreso para que apruebe el presupuesto 2026 incluyendo los recursos previstos por la ley. En paralelo, analizan acciones judiciales para garantizar su cumplimiento.
En la presentación del proyecto de Presupuesto 2026, Milei destacó que se asignan $4,8 billones al sistema universitario, aunque evitó precisar que se trata de un incremento nominal del 14% respecto del monto previsto para 2025. Con una inflación proyectada de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026, los fondos quedarían prácticamente congelados en términos reales.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el aumento real sería apenas del 0,8%, acumulando una caída del 32% en el último año. El monto proyectado, además, está muy por debajo de los $7,3 billones solicitados por los rectores para garantizar el funcionamiento básico del sistema. Según el mismo informe, la reducción del gasto universitario explica alrededor del 5% de la caída general del gasto público entre 2023 y 2026.
El funcionario se mostró en contra de los acoples y analizó que la propuesta tiene que servir para ayudar a la gente.
El legislador lamentó que se pierda una “oportunidad histórica de definir el modelo de provincia que queremos”.
El objetivo es construir un ámbito plural de diálogo y abordar las necesidades urgentes del sistema educativo.
El anuncio se realizó tras la reunión de gabinete de este jueves, instancia en la que también repasó los principales logros de gestión alcanzados durante el año.
El encuentro dejó planteado un escenario de cooperación activa entre Provincia y Nación para encarar los desafíos que impone la seguridad pública.
El titular del Concejo Deliberante aseguró que, en vez de eliminarlo, hay que limitarlo, ya que la gente no quiere encontrarse con “un mar de boletas”.
El acto fue encabezado por el secretario de Planeamiento y Obras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), ingeniero Sergio Mohamed.
El legislador lamentó que se pierda una “oportunidad histórica de definir el modelo de provincia que queremos”.
El funcionario se mostró en contra de los acoples y analizó que la propuesta tiene que servir para ayudar a la gente.