Avanza la investigación contra el exjefe de la URN: detenidos usados como albañiles, terrenos usurpados y una fuerza policial en crisis

La investigación que involucra al ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán, se profundizó con nuevas revelaciones que no sólo refuerzan las acusaciones iniciales, sino que abren un frente aún más complejo para la Policía. A la imputación por utilizar detenidos condenados por abuso sexual y personal policial para realizar trabajos de albañilería, se sumó la confirmación de que las remodelaciones se efectuaban en una vivienda levantada sobre un terreno usurpado y perteneciente a la Provincia.

Según la fiscala Mariana Rivadeneira, Beltrán trasladó durante dos meses a cuatro detenidos —tres condenados por abuso sexual alojados en la comisaría de Chuscha y otro en Yerba Buena— hacia dependencias de la URN en Tafí Viejo, sin registrar el movimiento ni informar a la Justicia. Estos hombres eran obligados a trabajar en beneficio del comisario. El auxiliar fiscal Federico Lizárraga detalló que el martes, Beltrán, junto a los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo, asentó falsamente en el libro de guardia que dos detenidos serían llevados a Chuscha, cuando en realidad el móvil se dirigió a la casa en construcción en El Cadillal.

Mientras estas pruebas se exponían en la audiencia, otra noticia sacudía el caso: Beltrán ocupaba un terreno fiscal que forma parte de los loteos ilegales detectados en El Cadillal. No figuraría en el listado de personas que intentaron regularizar la situación dominial, como lo permitía la ley provincial vigente. Investigadores analizan si el ex jefe de la URN podría enfrentar también un proceso por usurpación.

El impacto del escándalo golpeó a la cúpula policial. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de Policía, Joaquín Girvau, dispusieron ayer la puesta en disponibilidad de ocho efectivos, incluidos cuatro comisarios. Entre ellos se encuentran Roberto Edim Nasser, Germán Russo y Nelson Aragón, responsables del Grupo de Infantería de la URN, y el oficial de guardia Walter Hugo Frías, en cuyas dependencias habrían permanecido los detenidos bajo un régimen de semilibertad mientras trabajaban en la obra del comisario. También fueron apartadas la comisaria Fabiana Villagrán, jefa de Personal de la URN, y las sargentos Gladys Paz e Ivana Velárdez, secretarias de los jefes regionales. Todos están bajo investigación administrativa, cuyos resultados serán enviados a la fiscala.

En paralelo, en Tribunales se desarrollaba la audiencia de formulación de cargos contra Beltrán, Teseira y Trejo. El defensor Augusto Avellaneda intentó anular el procedimiento que derivó en la imputación, argumentando que el ministro Agüero Gamboa actuó sin autorización judicial. El planteo fue rechazado por la fiscala y por el juez Eduardo González, quien consideró que el ministro actuó correctamente ante un delito flagrante.

Rivadeneira imputó a Beltrán por peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. A Teseira y Trejo les atribuyó peculado como partícipes secundarios y falsificación de instrumento público como coautores, todos en perjuicio del Estado y la fe pública.