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title: "Condenaron a cuatro policías y un civil por secuestrar a un joven y cobrar un rescate"
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description: "El Tribunal Oral Federal impuso penas de hasta 10 años y seis meses de prisión por un secuestro extorsivo cometido en febrero de 2024."
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  - "Ángel Sebastián Gómez"
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  - "Gustavo Ezequiel Morales"
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  - "Sergio Daniel Díaz"
  - "Tribunal Oral Federal"
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# Condenaron a cuatro policías y un civil por secuestrar a un joven y cobrar un rescate

![tribunal oral federal de Tucumán](/download/multimedia.normal.a91d526d4818030d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Cuatro policías y un civil fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán a penas de entre 10 años y 10 años y seis meses de prisión efectiva por el secuestro extorsivo de un joven. Los acusados lo capturaron mediante un engaño, lo mantuvieron cautivo en una dependencia policial y exigieron dinero a su familia a cambio de liberarlo.

Según informó La Gaceta, los jueces Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán encontraron culpables al comisario Gustavo Ezequiel Morales, al oficial principal Ángel Sebastián Gómez, al cabo primero Sergio Daniel Díaz, al agente Franco Javier Jiménez y al civil Facundo Nahuel Amaya. El hecho ocurrió entre la noche del 23 de febrero de 2024 y la madrugada del día siguiente, cuando la madre de la víctima entregó $240.000 para recuperar a su hijo.

La maniobra comenzó a través de un grupo de Telegram denominado “Flores Tucumán” y de mensajes de WhatsApp. Amaya, bajo el nombre de “Rafael”, contactó al joven, que entonces tenía 28 años, con el pretexto de comprarle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000. Cerca de las 22, el hombre se presentó en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Silvano Bores al 300, en el barrio privado El Portal del Parque, y le entregó $20.000.

Luego lo convenció de salir a la calle para buscar los $10.000 restantes en un Renault Megane gris, propiedad de Díaz. Cuando el joven se acercó al vehículo, policías armados lo redujeron por la fuerza y lo obligaron a subir. Durante el traslado hacia la Jefatura de la Zona III de la Unidad Regional Capital, ubicada en el pasaje 20 de Junio al 300, en el barrio San Cayetano, uno de los captores lo golpeó.

Una vez en la dependencia, la víctima fue llevada a un comedor ubicado en el fondo del edificio, donde continuaron las agresiones físicas y psicológicas. Según se acreditó en la causa, los policías lo obligaron a desnudarse y le tomaron fotografías. Además, su ingreso no quedó asentado en los libros oficiales de guardia y no existía una orden judicial ni una investigación abierta en la Fiscalía de Narcomenudeo que justificara el procedimiento.

Mientras algunos integrantes del grupo permanecían en la dependencia vigilando al joven, otros regresaron al barrio privado. Las cámaras de seguridad registraron sus movimientos y permitieron reconstruir parte de la secuencia. Allí exigieron al hermano de la víctima el teléfono de un familiar para negociar su liberación. Desde el celular de Amaya llamaron a la madre y le advirtieron que tenían pruebas que podían vincular a su hijo con el tráfico de estupefacientes, pero que lo dejarían libre y sin causas penales si pagaba entre $200.000 y $250.000.

La mujer acudió a la dependencia policial, comprobó que su hijo estaba encerrado y negoció directamente con los captores. Después de retirarse para reunir el dinero, regresó alrededor de las 2 del 24 de febrero, entregó $240.000 y se marchó con el joven. La investigación quedó inicialmente a cargo del fiscal federal Agustín Chit y del juez federal José Manuel Díaz Vélez, con pruebas que incluyeron declaraciones de las víctimas, el testimonio de un policía de guardia, peritajes telefónicos y registros de cámaras de seguridad.

La pesquisa derivó en el procesamiento con prisión preventiva de Díaz, Gómez y Jiménez, además de un embargo de $2 millones. Posteriormente, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina identificó al jefe de la dependencia, el comisario Morales, y lo detuvo tras un allanamiento en el Barrio Policial IV, donde se secuestraron armas, municiones, agendas y dispositivos digitales. Durante su declaración, Díaz había intentado desvincularse del hecho al sostener que había ido a tomar un café con Gómez y que ambos intervinieron como policías al advertir una supuesta compra de marihuana.

Al dictar sentencia, el tribunal consideró que los cinco acusados eran responsables de secuestro extorsivo consumado, agravado por el cobro del rescate, la participación de tres o más personas y la condición policial de los involucrados. Morales recibió una pena de 10 años y seis meses como partícipe necesario, al igual que Gómez, Díaz y Jiménez, condenados como coautores. Para Amaya, los jueces fijaron la misma pena de 10 años y seis meses en el caso de Morales, mientras que el civil recibió 10 años de prisión tras ser considerado coautor y no partícipe secundario, según la calificación establecida en el fallo.

Además, los magistrados ordenaron mantener las prisiones preventivas, decomisaron el Renault Megane utilizado en el secuestro e hicieron lugar a la demanda civil impulsada por la Defensoría de Víctimas. En consecuencia, los cinco condenados y la Provincia de Tucumán deberán pagar de manera solidaria $2.000.000 a la víctima y $1.500.000 a su madre por daño moral, más los intereses correspondientes.

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