El Gobierno fijará por decreto el nuevo salario mínimo ante la falta de acuerdo entre representantes sindicales y empresariales

El Gobierno nacional anunció que definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, luego de que la reunión del Consejo de Salario concluyera sin acuerdo entre los representantes sindicales y empresariales. Tras un cuarto intermedio y sin que ninguna de las partes modificara sus posturas, el Ejecutivo convocó a sesión plenaria y comunicó que avanzará con la decisión unilateral, tal como ha ocurrido en todas las instancias salariales durante los dos años de gestión de Javier Milei.

En la negociación, las centrales sindicales exhibieron propuestas dispares. La CTA de los Trabajadores, en sintonía con la CGT, reclamó un salario mínimo de $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma pidió elevarlo a $736.000, al sostener que el piso salarial debe ubicarse “por encima de la línea de indigencia”. Del otro lado, los representantes empresariales impulsaron una oferta de $326.000 ahora y $349.000 para abril del próximo año. Ante la falta de consenso, desde la CTA–A señalaron que el Gobierno volverá a sellar el salario mínimo siguiendo la pauta propuesta por el sector empleador.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó con dureza la postura oficial y afirmó que la administración Milei, en acuerdo con cámaras como la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo decida “con el despotismo que maneja desde el comienzo de su mandato”. Para el dirigente, la falta de acuerdo consolida “una vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras”.

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA y diversas organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total. Entre los reclamos también se incluyeron un bono de fin de año, la actualización de programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.