Redacción SLC
El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso en las próximas horas el proyecto de reforma laboral, una iniciativa que busca reducir la carga impositiva sobre el sector privado y abaratar los costos laborales. El documento llega con una serie de modificaciones estructurales que apuntan a promover el empleo registrado, flexibilizar normas históricas y reordenar el esquema tributario aplicado a empresas y trabajadores.
Uno de los ejes centrales es la formalización laboral. El proyecto habilita la regularización de relaciones no registradas mediante la eliminación de sanciones y la condonación de intereses, al tiempo que impulsa incentivos para quienes ya se encuentren dentro del mercado formal. En esa línea, se plantea una reducción de las contribuciones patronales destinadas a obras sociales y a la seguridad social, con el objetivo de aligerar los costos que enfrentan las empresas y estimular nuevas contrataciones.
El texto también introduce cambios significativos en la Ley de Contrato de Trabajo. Entre ellos, elimina la “justicia social” como criterio interpretativo y otorga carácter de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales. Asimismo, restringe la aplicación analógica de los convenios colectivos. El período de prueba se amplía de manera sustancial: pasa de 30 días a seis meses para el personal doméstico. Paralelamente, se crea un régimen específico para trabajadores de reparto y mensajería que operan mediante plataformas digitales, un sector en plena expansión.
Otro punto central es el banco de horas. El proyecto autoriza que empleadores y empleados acuerden voluntariamente un esquema de compensación de horas extras, siempre que se respeten los descansos mínimos y exista un día libre semanal garantizado. En materia de vacaciones, la reforma permite fraccionar el período anual, aunque exige que cada tramo tenga un mínimo de siete días corridos.
La iniciativa también dispone cambios en el funcionamiento sindical. Para realizar asambleas, las asociaciones gremiales deberán solicitar autorización previa al empleador, detallando horario y duración. Si la reunión se desarrolla dentro del establecimiento, también requerirá permiso, y sus participantes no percibirán remuneración durante ese tiempo. Además, se tipifican como infracciones graves las tomas de establecimientos y los bloqueos en lugares de trabajo.
El capítulo impositivo completa la propuesta con modificaciones de amplio alcance. Incluye una reducción del impuesto a las ganancias, exenciones de IVA para sectores del agro, la incorporación de un “mini RIGI” para atraer inversiones y la eliminación del gravamen aplicado a productos electrónicos, entre ellos los teléfonos celulares.
