Reforma Laboral

La denominada Ley de Modernización Laboral aparece como el tema principal del temario y ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado.

La relación entre la Casa Rosada y las provincias vuelve así a ubicarse en el centro de la escena política.

Los gremialistas evalúan desplegar medidas de fuerza en todo el país para presionar a los gobernadores que acompañen el proyecto.

La entidad fijó una postura crítica sobre aspectos puntuales de la iniciativa, al tiempo que expresó su acompañamiento general al espíritu del proyecto.

El proyecto provocará una fuerte caída en los recursos que reciben las jurisdicciones, con efectos significativos sobre las finanzas locales.

El funcionario sostuvo que hay que actualizar la ley, ajustarla de alguna manera, y que debe apuntar a corregir desajustes sin generar mayor incertidumbre.

El encuentro será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y marcará el punto de partida del oficialismo de cara al inicio del año legislativo 2026.

La cita forma parte de una estrategia más amplia de la oposición para recoger la postura de las centrales sindicales y discutir posibles modificaciones al proyecto.

El objetivo es avanzar en el tratamiento y la aprobación de la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares.

El calendario responde a la necesidad de ampliar los acuerdos políticos en torno a la iniciativa oficial.

La convocatoria es para el próximo jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

La agenda apretada pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para gestionar los tiempos con sus aliados y lograr los consensos necesarios.

El mandatario reconoció que cualquier propuesta de cambio genera inquietud, por lo que pidió evaluar con responsabilidad las reformas.

El proyecto apunta a promover el empleo registrado, flexibilizar normas históricas y reordenar el esquema tributario aplicado a empresas y trabajadores.

A las 13:30, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hará oficial el proyecto definitivo ante el Consejo de Mayo.

Según el estudio, el 43,1% de los consultados adhiere plenamente a la propuesta oficial, mientras que un 18,7% reclama una reforma distinta.

Ricardo Rivero, abogado laboralista, remarcó que de las negociaciones deberían participar los representantes estatales, pero también los sindicatos y las organizaciones sociales.

Este esquema busca “dar aire a las empresas que más lo necesitan y preservar los puestos de trabajo”.