Redacción SLC
El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la suspensión de nuevas designaciones y contrataciones bajo relación de empleo público en todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial a partir del 1 de enero de 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 1.113 (MEyP), firmado el 23 de diciembre y remitido a la Legislatura el 29, en el marco de la prórroga de la emergencia económica y social vigente en la provincia.
La decisión alcanza a los organismos centralizados, entes autárquicos y descentralizados, incluso aquellos con autonomía financiera que requieran aportes del Estado para afrontar el pago de salarios o gastos operativos. El decreto, que cuenta con el acuerdo del gabinete de ministros, fundamenta la restricción en la necesidad de contener el gasto público, optimizar los recursos humanos disponibles y adecuar los compromisos financieros a la real disponibilidad de fondos, destacando el carácter excepcional y transitorio de la medida.
El DNU establece la prohibición de efectuar nuevas incorporaciones de personal, cualquiera sea su modalidad, aunque contempla excepciones limitadas para garantizar la continuidad de funciones esenciales. En esos casos, los organismos deberán presentar solicitudes debidamente fundadas ante el Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad. Asimismo, se aclara que podrán renovarse los contratos vigentes y realizarse designaciones a término del personal que ya se encuentre prestando servicios, siempre que resulten indispensables para el funcionamiento básico del Estado.
La norma también habilita la reasignación transitoria de agentes entre distintas áreas del Ejecutivo, sin que ello implique cambios en el cargo, el nivel escalafonario, la remuneración ni los beneficios, como herramienta para mejorar la utilización del personal existente. En materia salarial, se establece que cualquier incremento o mejora que suponga la creación de nuevos conceptos remunerativos deberá contar con autorización previa del Poder Ejecutivo, bajo apercibimiento de sanciones y reintegro de montos percibidos indebidamente.
En los considerandos, el decreto subraya la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la administración del presupuesto y en la conducción financiera del Estado, con el objetivo de garantizar el equilibrio fiscal, el pago puntual de los salarios y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de la provincia. En ese marco, se faculta al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán a reasignar la totalidad de sus recursos en caso de requerir asistencia financiera del Ejecutivo.
Finalmente, el texto invita a adherir a estas disposiciones a los poderes Legislativo y Judicial, a los organismos de control y a las municipalidades. El DNU lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro de Economía y Producción Daniel Abad y del resto de los integrantes del gabinete provincial.
