Un joven fue asesinado de un disparo en la cabeza durante asalto en Alderetes

Joaquín Rodrigo Ibarra, de 21 años, fue asesinado a balazos durante un violento asalto en la madrugada del lunes en el barrio Julio Abraham de Alderetes. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 cuando la víctima regresaba a su casa y fue abordada por dos adolescentes de 16 y 17 años. Uno de ellos descendió de una moto, le robó sus pertenencias y, sin que Ibarra opusiera resistencia, le disparó en la cabeza antes de huir con su cómplice.

Juan Gómez, jefe de la comisaría de Alderetes, relató que "ya con los elementos en su poder, y sin que el joven realizara algún movimiento, se acercó otra vez a la víctima, le efectuó un disparo en la cabeza, se subió nuevamente a la moto y ambos huyeron de inmediato de la escena del crimen". Vecinos y allegados auxiliaron de inmediato a Ibarra, quien fue trasladado en grave estado al hospital Padilla, donde falleció horas después.

La policía identificó rápidamente a los responsables al analizar videos de cámaras de seguridad de la zona, que registraron el ataque. Los adolescentes ya eran investigados por integrar una banda dedicada a robos con un modus operandi similar. Con las direcciones obtenidas, se montó un operativo cerrojo en los domicilios y se los aprehendió sin inconvenientes.

El caso lo lleva la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter. En la audiencia de ayer por la siesta, el auxiliar fiscal Miguel Esteban Fernández expuso la teoría del caso, presentó las evidencias y acusó a los jóvenes como presuntos autores de homicidio agravado criminis causa, solicitando medidas cautelares. La defensora oficial Delfina Romano alegó apremios y amenazas policiales durante el traslado, con golpes en distintas partes del cuerpo, y pidió declarar ilegítima la aprehensión, respaldada por la auxiliar de Defensoría de Niñez Ana Gómez Morton.

El juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Federico Moeykens resolvió el traslado de los imputados al Instituto Julio Argentino Roca por cuatro meses, mientras avanza la investigación. Además, ordenó informar a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana sobre la posible comisión de apremios ilegales por parte del personal policial interviniente.