Redacción SLC
El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva medida de fuerte impacto en materia migratoria al disponer la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La decisión, impulsada por la administración de Donald Trump, apunta a frenar el ingreso de personas que puedan convertirse en una carga económica para el Estado y se inscribe en una política más restrictiva sobre el control de fronteras.
La medida fue confirmada por el Departamento de Estado y entrará en vigencia el próximo 21 de enero, con una duración indefinida. Según el comunicado oficial, la pausa se mantendrá mientras se revisan y refuerzan los mecanismos de selección de solicitantes, con el objetivo de evitar que nuevos residentes accedan a beneficios públicos y “exploten la generosidad del pueblo estadounidense”.
El congelamiento alcanza exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a quienes buscan radicarse de manera permanente en Estados Unidos. En cambio, las visas de no inmigrante, como las de turismo, negocios o estudios, continuarán tramitándose, aunque bajo controles más estrictos. En ese marco, el gobierno advirtió que se profundizarán las verificaciones, incluyendo la revisión obligatoria de la actividad en redes sociales de los solicitantes.
El eje central de la decisión es la aplicación rigurosa de la cláusula de “carga pública”, que instruye a los cónsules a rechazar solicitudes de personas que, por su perfil, puedan depender en el futuro de la asistencia social. Para ello, se evaluarán factores como la edad, el estado de salud, el dominio del idioma inglés, la situación financiera, el patrimonio y el historial previo de uso de ayudas estatales.
La suspensión tendrá un impacto significativo en América Latina y el Caribe, ya que incluye a países como Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba y Haití, además de Guatemala, Nicaragua, Jamaica y Bahamas. A nivel global, la lista también abarca naciones con contextos geopolíticos complejos como Rusia, Irán, Irak, Afganistán y Siria.
Desde el Departamento de Estado señalaron que las excepciones a esta política serán muy limitadas y solo se concederán en casos puntuales, cuando los solicitantes logren demostrar bajo los nuevos criterios que no representarán un gasto para el sistema de bienestar estadounidense. La decisión marca un nuevo endurecimiento de la política migratoria y anticipa mayores restricciones para quienes aspiren a residir de forma permanente en Estados Unidos.
