Fondos coparticipables: Tucumán, entre las provincias menos beneficiadas por la reforma laboral

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional comienza a generar preocupación en las provincias por su impacto directo sobre los fondos coparticipables. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) advirtió que la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias incluida en el proyecto provocará una fuerte caída en los recursos que reciben las jurisdicciones, con efectos significativos sobre las finanzas locales.

En ese escenario, Tucumán aparece como una de las provincias más perjudicadas. Según las proyecciones del estudio, la provincia afrontaría una pérdida estimada de al menos $51.682 millones hacia 2027, cuando el impacto fiscal de la medida se reflejaría en su totalidad. Esta merma obligaría a la administración tucumana a replantear su esquema presupuestario para compensar el faltante de ingresos provenientes de la Nación.

El análisis ubica a Tucumán en una posición crítica dentro del ranking de distritos afectados. Solo Buenos Aires, con una pérdida proyectada de $238.558 millones, y las provincias de Santa Fe y Córdoba, con caídas superiores a los $96.000 millones, presentan cifras mayores. Chaco y Entre Ríos completan el grupo de jurisdicciones más golpeadas, delineando un panorama en el que el norte grande y la región central del país concentran el mayor impacto negativo.

A nivel general, el costo fiscal de la reforma alcanza dimensiones relevantes. El Iaraf estima que el Estado dejará de recaudar $1,9 billones, de los cuales $1,12 billones recaerán sobre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En contraste, la pérdida para la recaudación estrictamente nacional sería de $789.000 millones, lo que expone una distribución desigual del ajuste.

La explicación de fondo está en la naturaleza del Impuesto a las Ganancias, un tributo nacional que se coparticipa con las provincias. Cualquier reducción en sus alícuotas impacta de manera directa en la masa de recursos que se distribuye entre las jurisdicciones. Aunque el costo de la reforma representa el 0,22% del PBI, el recorte resulta clave para provincias como Tucumán, que dependen de estos fondos para sostener servicios esenciales como salud, educación y seguridad.