Redacción SLC
La Federación Económica de Tucumán (FET) manifestó su preocupación por la posible vigencia de algunos artículos incluidos en el proyecto de Ley de Modernización Laboral que será tratado en el Senado de la Nación en los próximos días. A través de su presidente, Héctor Viñuales, la entidad fijó una postura crítica sobre aspectos puntuales de la iniciativa, al tiempo que expresó su acompañamiento general al espíritu de la reforma impulsada por el presidente Javier Milei.
Desde la FET señalaron que la modernización del régimen laboral puede ser positiva en la medida en que garantice estabilidad, previsibilidad, certezas y equidad, y contribuya a reducir la litigiosidad y a ordenar la relación entre trabajadores y empleadores. En ese sentido, destacaron que gran parte de los artículos vinculados al derecho individual del trabajo avanzan en esa dirección. No obstante, advirtieron que algunos puntos del proyecto generan un escenario contrario a esos objetivos.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Según la entidad empresaria, esta disposición implica un retroceso en el sistema de negociación colectiva, desnaturaliza el rol del convenio como herramienta integral y rompe el equilibrio entre las partes. Además, sostienen que debilita la autonomía de la negociación, incrementa la inseguridad jurídica y podría generar mayor conflictividad laboral, al tiempo que resultaría incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT.
La FET también expresó su rechazo al artículo 128, al considerar que afecta gravemente la representación empresarial. Indicaron que la norma rompe el principio de paridad entre las partes y establece un trato inequitativo, ya que mantiene los aportes obligatorios a favor de las organizaciones sindicales, pero prohíbe ese mecanismo para el sector empresario. Esta situación, advirtieron, debilita institucionalmente a las entidades empresarias y pone en riesgo su capacidad de representación.
En relación con los artículos 130 y 131, la federación alertó que alteran el sistema de articulación entre convenios colectivos, al otorgar prevalencia a los acuerdos de ámbito menor o de empresa por sobre los convenios de actividad. Según el planteo, este esquema fragmenta el marco normativo de una misma actividad y puede derivar en diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas, vulnerando el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea y generando conflictos jurídicos y sociales.
Por último, la entidad cuestionó el artículo 132, que habilita a la autoridad administrativa a convocar la renegociación de convenios vencidos y a suspender los efectos de su homologación. Desde la FET consideraron que esta facultad otorga una discrecionalidad excesiva al Estado, lo que podría derivar en un escenario de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores.
