Redacción SLC
El Gobierno nacional puso en marcha este jueves la denominada Oficina de Respuesta Oficial, una nueva herramienta comunicacional creada con el objetivo de responder públicamente a lo que el Ejecutivo considera “noticias falsas” y a supuestas maniobras impulsadas por sectores opositores y medios de comunicación. La iniciativa fue presentada a través de la red social X, desde donde comenzó a difundir mensajes con un tono confrontativo y de fuerte contenido político.
Desde su primer comunicado, la nueva dependencia definió su misión como la de desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y exponer lo que calificó como operaciones de la prensa y de la “casta política”. En ese marco, sostuvo que limitarse a informar ya no resulta suficiente frente al avance de la desinformación y planteó que su estrategia será combatirla con más información, diferenciándose de prácticas que asoció a la censura. El Gobierno remarcó que la creación de esta oficina implica sumar una voz oficial para refutar versiones, y no restringir la libertad de expresión, a la que definió como un valor sagrado para la actual administración.
El Ejecutivo justificó la puesta en marcha del organismo en el cambio de la política de medios, al señalar que la eliminación de la pauta oficial dejó de financiar relatos y provocó, según su visión, un aumento de críticas y falsedades. En ese contexto, consideró necesario desmentir con claridad y sin rodeos. La Oficina de Respuesta Oficial aclaró además que no buscará imponer una mirada ni convencer a la ciudadanía, sino brindar herramientas para distinguir entre hechos y operaciones, al tiempo que afirmó que la democracia se fortalece cuando la mentira es expuesta.
La iniciativa tuvo una rápida repercusión en el ámbito periodístico. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su inquietud por las funciones anunciadas y por el uso de una cuenta oficial destinada a desmentir informaciones y señalar presuntas operaciones mediáticas. A través de un comunicado, la entidad reconoció que los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir su versión de los hechos, pero advirtió que su preocupación no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se le pretende asignar.
Adepa señaló que el objetivo declarado de desmentir parte del supuesto de que alguien miente de manera deliberada, cuando el periodismo tiene como responsabilidad contrastar opiniones y reflejar la pluralidad de voces. Si bien consideró legítimo combatir la desinformación, remarcó que el Estado es una fuente más de información y no el árbitro de la verdad pública. En ese sentido, advirtió que una utilización inadecuada de este tipo de organismos puede derivar en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas.
