Redacción SLC
La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto promovido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones.
La iniciativa fue respaldada por el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz, que votaron junto a los libertarios. En tanto, el peronismo se mantuvo unido y rechazó la propuesta en la votación general.
El nuevo régimen no solo fija la imputabilidad desde los 14 años, sino que también establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Para los delitos con penas menores a 10 años, prevé alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones para concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
El proyecto pone el foco además en la creación de institutos especiales para menores condenados, donde se garantice el derecho a la educación, atención médica y tratamiento por adicciones. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y quedará prohibida de manera expresa cualquier forma de convivencia con detenidos mayores de edad. También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el reconocimiento explícito de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a recibir información, ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico, asistencia psicológica y participar en instancias clave del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.
El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos integrantes de la organización Madres del Dolor y de USINA de Justicia.
En la versión final, el Gobierno incorporó un artículo que asigna partidas presupuestarias específicas para la implementación del nuevo régimen por un total de $23.739.155.303, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. La modificación fue incluida tras advertencias de gobernadores que reclamaban que los costos no recayeran exclusivamente sobre las provincias.
