Redacción SLC
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes la firma del acuerdo salarial con la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, representada por su secretario general, Hugo Brito, formalizando así una nueva recomposición para el sector docente. El acto contó con la participación de funcionarios del gabinete provincial, entre ellos el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el ministro de Economía, Daniel Abad, además de representantes gremiales de ATEP.
Tras la firma del acta, Jaldo destacó el compromiso del sector docente y valoró el trabajo que vienen realizando en las aulas. En su mensaje, subrayó la importancia de consolidar la actividad educativa y acompañar el crecimiento del sistema, al tiempo que remarcó el papel de los educadores en el vínculo cotidiano con alumnos y familias.
Por su parte, Amado señaló que se trata de la octava recomposición salarial alcanzada durante la actual gestión, resultado de un proceso de diálogo sostenido con el gremio docente. En ese sentido, remarcó que el acuerdo se logró tras una serie de negociaciones que incluyeron propuestas y contrapropuestas entre las partes.
El funcionario también contextualizó la firma en un escenario económico complejo, marcado por la reducción de recursos provenientes de la Nación, como el incentivo docente y los fondos de conectividad. A pesar de ello, aseguró que la Provincia mantuvo el cumplimiento de sus compromisos salariales con el sector.
En cuanto al contenido del acuerdo, explicó que se incorporan nuevos ítems específicos para la docencia, lo que permitió cerrar la negociación y garantizar la continuidad laboral. Asimismo, destacó que la actividad escolar se desarrolla con normalidad en la provincia, salvo en aquellos sectores afectados por las condiciones climáticas, donde continúan las tareas de recuperación.
Con la formalización del acuerdo, el Gobierno provincial y la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales consolidan una nueva instancia de entendimiento en materia salarial, en el marco de una política que busca sostener el funcionamiento del sistema educativo en un contexto de restricciones económicas.
