Redacción SLC
La diputada nacional Soledad Molinuevo decidió avanzar con una fuerte estrategia judicial para cuestionar la orden que la obliga a eliminar publicaciones en redes sociales vinculadas al gobernador Osvaldo Jaldo, en un caso que ya sumó un nuevo capítulo en los tribunales tucumanos. Lejos de acatar la resolución dictada por el juez civil Pedro Cagna, la legisladora de La Libertad Avanza optó por redoblar su postura y presentarse formalmente en la causa con el patrocinio del abogado Ricardo José Tomás Paz, donde impulsó una serie de planteos que buscan frenar los efectos de la medida judicial.
El eje central de su defensa apunta a la jurisdicción del caso. Molinuevo cuestionó la competencia del fuero provincial al sostener que se encuentra en juego una prerrogativa constitucional vinculada a su rol como diputada nacional. En ese sentido, fundamentó su posición en la inmunidad de opinión parlamentaria, al considerar que la orden de eliminar publicaciones y abstenerse de expresarse afecta directamente ese derecho.
A partir de este planteo, la diputada también inició en paralelo una presentación ante la Justicia Federal de Tucumán, en un intento por trasladar el caso a ese ámbito. Además, dejó planteada una apelación contra la sentencia del 15 de marzo y solicitó la suspensión de la medida que la obliga a borrar los contenidos difundidos en sus redes sociales.
El conflicto judicial se originó a partir de una presentación realizada por el mandatario provincial, quien pidió el cese inmediato de publicaciones que consideró agraviantes. Según la demanda, Molinuevo habría atribuido falsamente al gobernador responsabilidad en una agresión sufrida por un legislador en La Madrid, lo que derivó en el dictado de la medida judicial.
En su descargo, la diputada fue contundente al advertir sobre las implicancias institucionales del caso. “La censura ejecutada, aunque sea por un breve lapso, es una herida mortal al sistema democrático que no cicatriza con una sentencia absolutoria posterior”, afirmó, al tiempo que defendió el carácter político de sus expresiones, negando que se trate de imputaciones penales.
Finalmente, Molinuevo también cuestionó la imparcialidad del proceso al señalar que se la somete a la órbita de un juez que pertenece a la misma estructura provincial que conduce quien inició la demanda. Mientras tanto, el magistrado ya dio curso a su presentación y corrió traslado del planteo a la representación legal del gobernador, que tendrá cinco días hábiles para responder, en una causa que promete escalar en el plano judicial e institucional.
