Redacción SLC
Dos trabajadores del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud) fueron detenidos en el marco de una investigación judicial por una presunta maniobra con Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsificados, que habrían sido utilizados para gestionar coberturas médicas ampliadas a cambio de dinero.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, bajo la dirección de la fiscal Mariana Rivadeneira, junto a la secretaria Brenda Deroy y el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga. La pesquisa se inició a partir de denuncias presentadas por la Asesoría Letrada del organismo y por afiliados, quienes alertaron sobre irregularidades en la tramitación de beneficios vinculados a tratamientos y prótesis.
A partir de esas presentaciones, la fiscalía avanzó con distintas medidas probatorias, entre ellas el entrecruzamiento de datos entre áreas internas del Subsidio. Con los elementos reunidos, este miércoles al mediodía se llevó adelante un operativo en la sede central ubicada en Las Piedras 530, en San Miguel de Tucumán, con la participación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Durante el procedimiento, la Justicia intervino a cinco empleados que se encontraban bajo sospecha. Tres de ellos fueron requisados en el lugar, mientras que se dispuso el secuestro de teléfonos celulares y la aprehensión de dos trabajadores señalados como presuntos responsables de la maniobra.
Con el avance de la investigación, se realizaron además allanamientos en los domicilios de los sospechosos, donde se incautaron dispositivos de almacenamiento y otros elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán analizados por los investigadores.
Según las denuncias, la operatoria consistía en ofrecer la obtención de certificados de discapacidad apócrifos a cambio de dinero, con el objetivo de garantizar coberturas médicas totales. Uno de los casos expuestos refiere a un afiliado que gestionaba una prótesis para su padre y que, tras ser derivado por empleados investigados, habría sido obligado a pagar por un certificado que luego fue declarado inválido por el propio organismo.
Otro de los testimonios indica que una persona que tramitaba una intervención médica fue contactada por los sospechosos, quienes le solicitaron documentación clínica por teléfono y posteriormente lo citaron en un bar de calle Italia. Allí, tras el pago de una suma de dinero, le habrían entregado un CUD falso.
Desde el Subsidio de Salud, que impulsó la denuncia, manifestaron su conformidad con el avance del caso y destacaron la rapidez de la respuesta judicial. La subdirectora de Asesoría Letrada, Lucía Rodríguez Martín, valoró el procedimiento y remarcó la eficacia con la que se llevó adelante la investigación, subrayando que se trató de un operativo ordenado y respetuoso de las garantías legales.
Además, durante el operativo en la sede del organismo, las áreas de Asesoría Letrada y Recursos Humanos colaboraron con la entrega de documentación clave para el desarrollo de la causa. La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descarta que surjan nuevas imputaciones o más denuncias a medida que avance el análisis del material secuestrado.
