La Caja Popular denunciará penalmente una presunta estafa millonaria y apunta a una “defraudación al patrimonio provincial”

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán confirmó que avanzará con una denuncia penal por una presunta estafa millonaria vinculada a un reclamo judicial del exjugador de San Martín, Adrián Arregui. Las autoridades del organismo sostienen que se trata de una maniobra destinada a perjudicar económicamente a la institución. En ese marco, advirtieron sobre la gravedad del caso y la necesidad de intervención judicial urgente.

El interventor Guillermo Alfredo Norry encabezó la presentación y ratificó la denuncia ante la Justicia. Según explicó, la maniobra no solo involucra al futbolista, sino también a su patrocinio legal en Buenos Aires y a una comisión médica que habría determinado una supuesta invalidez. “Se trata de una posible comisión de un ilícito contra la Caja Popular y su ART”, afirmó.

Norry fue contundente al señalar que el objetivo de la acción judicial es frenar un intento de defraudación contra recursos públicos. Remarcó que el patrimonio de la entidad pertenece al erario provincial y debe ser resguardado. Además, cuestionó el accionar previo en la defensa legal del organismo, al advertir que la falta de respuesta a la demanda dejó a la institución en una situación de indefensión.

Por su parte, el subinterventor Antonio Daniel Bustamante respaldó la decisión de acudir a la vía penal. Sostuvo que la actual gestión actúa en representación del Poder Ejecutivo con el objetivo de proteger los recursos de la provincia. En ese sentido, explicó que se convocó a especialistas en seguros para analizar las inconsistencias del caso y evitar un perjuicio económico.

Desde el plano jurídico, el abogado del organismo, Gonzalo Guerra, detalló los fundamentos que, según la institución, invalidan el reclamo. Afirmó que Arregui no estaba registrado como trabajador cubierto por la ART bajo la Ley 24.557 al momento del hecho. “Si no estás en la póliza, la ART no responde”, enfatizó.

El letrado también explicó que los futbolistas profesionales se rigen por un sistema distinto al de los trabajadores comunes. En esa línea, calificó la demanda como una maniobra de “desplazamiento indebido de responsabilidad” y aseguró que no existe obligación legal para que la ART estatal asuma ese costo. Finalmente, las autoridades solicitaron a la Fiscalía la suspensión inmediata del proceso judicial en curso para evitar un pago que consideran ilegítimo.