Redacción SLC
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, lanzó una dura advertencia frente a la creciente ola de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, muchas de ellas plasmadas en pintadas dentro de baños escolares. La situación, que ya acumula al menos 15 denuncias, encendió las alarmas en toda la provincia y motivó una respuesta inmediata del Ejecutivo.
“No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones por parte de los estudiantes; hay que ponerles límites”, afirmó el mandatario, quien fue categórico al señalar que este tipo de conductas constituyen delitos. En ese sentido, remarcó que las amenazas de ataques armados deben ser tratadas con la máxima severidad y advirtió que “a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”.
Como parte de las medidas adoptadas, Jaldo firmó el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a intensificar acciones preventivas y de intervención tanto dentro como fuera de las escuelas. La normativa contempla sanciones estrictas para los alumnos involucrados, incluyendo expulsiones y aprehensiones, con posible traslado al Instituto Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz.
El decreto también establece responsabilidades directas para las familias, al tiempo que advierte a las instituciones educativas sobre la posibilidad de perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes. En paralelo, el gobernador fue enfático con el rol docente al asegurar que quienes no denuncien estos hechos “se convierten en cómplices”, marcando una postura firme frente a toda la comunidad educativa.
Al referirse a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años admitió haber realizado una amenaza, Jaldo sostuvo que, pese a tratarse de un menor, el establecimiento debe evaluar la expulsión. “De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, expresó, al tiempo que cuestionó la eficacia de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios, al considerar que “claramente no está funcionando”.
Finalmente, el mandatario adelantó que se reforzará la presencia policial en los colegios donde se detectaron amenazas, con especial atención en aquellos de mayor riesgo. Según explicó, los efectivos podrán recorrer los establecimientos junto a autoridades educativas para prevenir nuevos episodios y llevar tranquilidad a la comunidad. “No se puede permitir que los chicos sigan generando preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”, concluyó.
