Redacción SLC
El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010. El proyecto impulsado por el Gobierno consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
La iniciativa introduce modificaciones en aspectos centrales del sistema de atención, especialmente en los criterios para disponer internaciones involuntarias, la participación de los médicos psiquiatras en los equipos de salud y el funcionamiento de los establecimientos especializados. También incorpora nuevas disposiciones sobre el abordaje de los consumos problemáticos y la participación de las familias en los tratamientos.
La normativa vigente estableció un modelo de atención basado en los derechos humanos, la inclusión comunitaria y el reemplazo progresivo de las instituciones monovalentes por dispositivos de atención integrados a la comunidad. La reforma propone cambios en ese esquema, aunque mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y sostiene la necesidad de promover alternativas comunitarias.
Uno de los puntos más importantes del proyecto es la modificación de las condiciones para disponer una internación sin el consentimiento de la persona. El texto establece que podrá aplicarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
Para determinar esa situación, la evaluación deberá contemplar no solo el estado actual de la persona, sino también sus antecedentes de conductas o ideaciones que puedan provocar daños y la evolución previsible de su cuadro si no recibe tratamiento.
La reforma también introduce cambios en los procedimientos de urgencia. Cuando al momento de la evaluación haya un solo médico disponible, este podrá indicar la internación, aunque la decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario especializado dentro de las 48 horas.
Otro aspecto incorporado es la posibilidad de que los jueces ordenen una internación involuntaria cuando los prestadores de salud se nieguen a realizarla, siempre que se encuentren cumplidos los requisitos previstos por la normativa. El proyecto mantiene el carácter excepcional de estas medidas y la obligación de garantizar los derechos de las personas durante el tratamiento.
La iniciativa también habilita las internaciones en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, tanto públicos como privados, además de los establecimientos generales. De esta manera, modifica el esquema de atención previsto por la ley vigente para las instituciones monovalentes.
Sin embargo, conserva la prohibición de crear nuevos manicomios y mantiene como objetivo el desarrollo de dispositivos comunitarios que favorezcan la inclusión social y laboral de las personas con padecimientos de salud mental.
En cuanto al acceso a especialistas, el proyecto contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con médicos psiquiatras cuando no pueda garantizarse su presencia física. La herramienta apunta a facilitar la atención en zonas alejadas de los principales centros urbanos. La reforma también incorpora expresamente las adicciones dentro de las políticas de salud mental y establece nuevas disposiciones para contemplar la participación de las familias en los tratamientos.
Otro capítulo de la propuesta incorpora obligaciones para familiares y responsables de personas con trastornos mentales, al tiempo que reconoce derechos específicos para quienes cumplen tareas de cuidado. También prevé mecanismos de orientación, acompañamiento y acceso a información sobre los tratamientos y los recursos disponibles.
En materia de financiamiento, durante el debate en el Senado se agregó una disposición para establecer mecanismos de asistencia técnica, económica y financiera de la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El esquema contempla la firma de convenios entre las distintas jurisdicciones, con compromisos de financiamiento, objetivos, cronogramas y mecanismos de rendición de cuentas. Los recursos deberán destinarse prioritariamente al fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la contratación y formación de profesionales, las teleconsultas y el desarrollo de dispositivos comunitarios.
La propuesta busca establecer herramientas para que las provincias puedan afrontar las obligaciones derivadas de la normativa, de acuerdo con sus capacidades fiscales y sanitarias. Tras la aprobación en el Senado, el debate continuará en Diputados, donde el proyecto deberá conseguir una nueva mayoría para convertirse en ley.
