El Gobierno impulsa una reforma de pensiones por invalidez con recortes, controles y fuerte polémica

El Gobierno nacional avanzó con un proyecto de reforma de las pensiones por invalidez bajo el título “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, en medio de la controversia por denuncias y la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. La iniciativa fue enviada al Senado y apunta a modificar aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que el Ejecutivo mantiene paralizada pese a cuestionamientos judiciales. El texto propone un cambio estructural en el sistema de asistencia estatal.

Uno de los ejes principales del proyecto es la derogación de artículos clave de la Ley N° 27.793, que garantizaban la universalidad del acceso a las pensiones. Según especialistas, la reforma implicaría un retroceso hacia un modelo más restrictivo, redefiniendo los criterios para acceder a los beneficios. En la práctica, esto podría reducir significativamente la cantidad de personas alcanzadas por la asistencia.

Para implementar estos cambios, el Gobierno plantea un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios actuales. Quienes perciben pensiones deberán volver a acreditar su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales. El proyecto advierte que “aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la posterior baja del beneficio”.

El control del sistema estará basado en un esquema de fiscalización cruzada entre organismos como la ANSES, la ARCA y el SINTyS. Ante cualquier inconsistencia detectada, el Estado podrá suspender la pensión de manera preventiva, aunque se contempla el derecho a defensa del beneficiario durante el proceso.

Otro de los puntos más controvertidos es la incompatibilidad total entre percibir la pensión y tener empleo formal. De aprobarse, las personas con discapacidad no podrían trabajar en blanco sin perder automáticamente el beneficio. Además, el proyecto elimina incentivos para empresas que contraten a este sector, desarticulando programas de inclusión laboral vigentes.

En el plano económico y sanitario, la iniciativa fija la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez o por residencia en zonas desfavorables. También propone desregular el sistema de prestaciones, suprimiendo estándares mínimos y el nomenclador nacional, lo que abre la puerta a negociaciones descentralizadas entre Nación, provincias y prestadores.

Finalmente, el proyecto elimina la actualización automática por inflación de los aranceles vinculados a las prestaciones, atándolos únicamente a la evolución del haber mínimo. De esta manera, el ajuste por IPC quedaría limitado a situaciones excepcionales, lo que podría afectar la calidad y el acceso a los servicios para personas con discapacidad.