Redacción SLC
Tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud) fueron imputados por su presunta participación en una maniobra fraudulenta vinculada a la emisión y utilización de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsos, en una causa que ya estima un perjuicio económico superior a los $27 millones para el Estado provincial.
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo el viernes 1 de mayo a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, y contó con la intervención del auxiliar fiscal Leandro Abdala. Los acusados fueron imputados por los delitos de defraudación a la administración pública, tentativa de defraudación y falsificación de instrumento público, en calidad de presuntos coautores. “La maniobra no solo implicaba la emisión de documentación falsa, sino también su inserción en circuitos administrativos reales para sortear controles internos”, sostuvieron desde la fiscalía.
Según la acusación, el esquema habría comenzado en enero de este año, cuando los imputados ofrecían a afiliados la obtención de certificados apócrifos a cambio de dinero. A través de este mecanismo, prometían acceso a cobertura total de prestaciones médicas, incluyendo cirugías y prótesis. En al menos cuatro casos documentados, las víctimas habrían abonado cerca de $1.950.000 por estos certificados falsificados.
La operatoria, sin embargo, no terminaba con la entrega del documento. De acuerdo con la investigación, los propios empleados incorporaban los certificados falsos en expedientes administrativos auténticos dentro del organismo, aprovechando sus funciones para facilitar la aprobación de los trámites. “Se utilizaban canales formales para legitimar documentación adulterada, incluso superando instancias como la auditoría médica”, detallaron fuentes judiciales.
El caso salió a la luz a partir de una denuncia realizada por el propio Subsidio de Salud, tras detectar inconsistencias en distintos expedientes. Si bien en algunos casos se logró frenar el circuito antes de que se concretara el fraude, en otros ya se habían autorizado prestaciones médicas con documentación irregular, lo que explica el elevado monto del perjuicio estimado, que asciende a $27.904.918.
Uno de los imputados fue detenido en la terminal de ómnibus cuando intentaba salir de la provincia con destino a Córdoba, luego de no ser localizado en un allanamiento previo. Para la fiscalía, este episodio evidenció un riesgo concreto de fuga y reforzó el pedido de medidas restrictivas. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó seis meses de prisión preventiva y la declaración de la causa como asunto complejo, lo que fue concedido por la jueza interviniente por el plazo de un año.
Finalmente, la magistrada resolvió dictar arresto domiciliario por dos meses con monitoreo electrónico para uno de los acusados, mientras que los otros dos quedaron sujetos a reglas de conducta y debieron abonar una caución de $3 millones cada uno. La investigación continuará con el análisis de documentación secuestrada, dispositivos electrónicos y expedientes internos, en un expediente que expone una presunta red de corrupción dentro de una de las áreas más sensibles del sistema de salud provincial.
