Redacción SLC
El Gobierno de Tucumán avanzó este viernes con la demolición de construcciones levantadas ilegalmente sobre tierras fiscales ubicadas en la ribera del Río Salí, en la zona sudoeste del Puente Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán. El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Estado, junto a la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección General de Catastro, en el marco de una política de recuperación de espacios públicos y ordenamiento territorial impulsada por la Provincia.
Las autoridades provinciales explicaron que las intervenciones se realizaron luego de constatar la existencia de viviendas, loteos, galpones y actividades comerciales emplazadas dentro del dominio público hidráulico y en un área considerada de riesgo hídrico. Según los informes técnicos elaborados por la DPA, las ocupaciones avanzaron sobre la línea de ribera del río, comprometiendo el funcionamiento hidráulico de la zona y generando riesgos tanto para las personas que habitaban allí como para la infraestructura pública cercana, especialmente el Puente Lucas Córdoba.
El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, sostuvo que la decisión responde a una directiva clara del Gobierno provincial. “La orden es tolerancia cero a las usurpaciones y junto a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, estamos avanzando en poner orden en el patrimonio provincial”, afirmó el funcionario. En ese sentido, remarcó que “se procedió a la demolición de las construcciones indebidas emplazadas en este sector, recuperando un espacio público que pertenece a todos los tucumanos”.
Desde el Ejecutivo explicaron que la medida se llevó adelante mediante la aplicación del procedimiento de autotutela administrativa previsto en el Decreto N.º 3.664/1 (FE). Además, indicaron que a través del sistema GIS de la Dirección General de Catastro se verificó que los terrenos ocupados no contaban con padrón ni identificación catastral, por lo que fueron considerados parte del dominio público provincial correspondiente al Río Salí.
El operativo forma parte de una estrategia más amplia orientada a frenar nuevas ocupaciones ilegales en sectores inundables y recuperar áreas consideradas sensibles desde el punto de vista ambiental y de seguridad. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la preservación de las tierras fiscales y la liberación de zonas de riesgo hídrico constituyen una política de Estado destinada a proteger tanto el patrimonio público como la integridad de la población.
