Redacción SLC
Mientras el Congreso mantiene su actividad durante el Mundial de Fútbol con el tratamiento de distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo, el Gobierno nacional ya diseña la agenda legislativa que buscará impulsar una vez finalizada la competencia. Entre los proyectos más relevantes aparecen reformas políticas, medidas de desregulación económica y modificaciones en leyes vinculadas a salud, educación y discapacidad.
Por estos días, el Parlamento concentra su atención en propuestas como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el plan de pago a los holdouts remanentes del default de 2001, el denominado Súper RIGI y la Ley Hojarasca. Algunas de estas iniciativas ya avanzan en una de las cámaras y esperan completar su recorrido legislativo en las próximas semanas.
La modificación de la ley de Expropiaciones y de la Ley de Tierras será uno de los temas centrales en el Senado antes de fin de mes. Una vez superada esa instancia, el proyecto continuará su tratamiento en Diputados, aunque todavía no existen plazos definidos para su aprobación definitiva.
Otro de los expedientes que espera avanzar es la ley para cancelar la deuda con dos fondos buitre que aún mantienen reclamos vinculados al default de 2001. La iniciativa ya obtuvo el respaldo del Senado y ahora será debatida en Diputados junto con el Súper RIGI, considerado uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo.
En paralelo, la Ley Hojarasca comenzó a transitar su etapa final en el Congreso. Tras conseguir media sanción en Diputados, la propuesta iniciará esta semana su análisis en un plenario de comisiones del Senado, donde buscará reunir los apoyos necesarios para convertirse en ley.
Existen además otros proyectos cuyo tratamiento podría quedar postergado hasta después del Mundial. Entre ellos aparecen la ley de lobby, que enfrenta resistencias de organizaciones civiles y sectores empresariales, así como las iniciativas de prevención de la ludopatía digital y derogación de la ley de Etiquetado Frontal, que todavía no comenzaron a discutirse en comisiones de la Cámara alta.
Sin embargo, el foco principal del Gobierno para la segunda mitad del año estará puesto en un amplio paquete de reformas. Uno de los ejes será un nuevo programa de desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
Dentro de ese esquema se encuentra el proyecto para habilitar la exhibición de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos y comercios de proximidad. También figura la modificación de la Ley 19.492 de cabotaje nacional para permitir que embarcaciones de bandera extranjera puedan operar en rutas fluviales internas del país.
La agenda oficial también contempla una profunda flexibilización de la actividad inmobiliaria. La propuesta busca eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional para que cualquier persona pueda actuar como intermediario en operaciones de compraventa o alquiler de inmuebles.
Otro de los proyectos en análisis es la adhesión al tratado internacional de patentes, un compromiso asumido por Argentina en el marco de negociaciones con Estados Unidos. No obstante, las conversaciones se encuentran demoradas y el texto todavía requiere ajustes antes de ser enviado al Congreso.
Más allá de estas iniciativas, la gran apuesta política del Gobierno será la reforma electoral. El oficialismo pretende modificar las reglas de juego de cara a los comicios del próximo año y abrirá el debate en el Senado a partir de agosto.
La eliminación de las PASO aparece como uno de los principales objetivos de la Casa Rosada, aunque la falta de votos suficientes obliga a evaluar alternativas como la suspensión temporal de las primarias o la implementación de un sistema no obligatorio. La discusión también incluirá otros temas como Ficha Limpia, cambios en el financiamiento de campañas, aportes privados, requisitos para los partidos políticos, publicidad electoral y debates presidenciales.
Finalmente, el Ejecutivo también proyecta avanzar con reformas vinculadas al financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y una nueva ley de salud mental. En este último caso, la iniciativa buscará otorgar mayores facultades a los psiquiatras para decidir internaciones involuntarias, en un tema que promete generar un intenso debate político y social durante los próximos meses.
