Redacción SLC
El Gobierno nacional oficializó la privatización de Transener, la principal compañía de transporte de energía eléctrica de Argentina, luego de concretar la transferencia total de la participación estatal al consorcio conformado por Genneia y Edison Energía. La operación fue formalizada este lunes a través de una resolución del Ministerio de Economía firmada por Luis Caputo y marcó la salida definitiva del Estado nacional de la estructura accionaria de la empresa.
Según trascendió oficialmente, el grupo adjudicatario desembolsó alrededor de 356 millones de dólares por la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener. La compañía cumple un rol estratégico dentro del sistema energético argentino, ya que administra la red de transmisión eléctrica en alta tensión y transporta gran parte de la energía que se genera en el país.
Hasta antes de la operación, Citelec era controlada en partes iguales por ENARSA y Pampa Energía, firma conducida por el empresario Marcelo Mindlin. Además, la ANSES mantenía participación accionaria dentro de Transener. La privatización se enmarca dentro del proceso de desinversión y venta de activos estatales impulsado por la administración del presidente Javier Milei, que busca acelerar la reducción de la participación estatal en distintas empresas públicas y obtener recursos mediante concesiones y transferencias al sector privado.
Durante el proceso licitatorio se presentaron tres ofertas que, según fuentes oficiales, superaron ampliamente el precio base establecido inicialmente por el Gobierno. Finalmente, la propuesta encabezada por Genneia y Edison Energía resultó ganadora.
En el sector energético consideran que la operación representa un cambio relevante dentro del esquema empresarial vinculado a la transmisión eléctrica y consolida el avance privado sobre áreas consideradas estratégicas para la infraestructura nacional.
La salida del Estado de Transener aparece además como uno de los movimientos más significativos dentro del plan de privatizaciones impulsado por la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, en medio del debate político y económico sobre el rol estatal en los servicios públicos y sectores clave de la economía argentina.
