Redacción SLC
La Legislatura de Tucumán avanza con el tratamiento de la reforma integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial y este martes sumó una nueva ronda de consultas con actores clave del sistema judicial. La Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales recibió a representantes del Colegio de Abogados de Tucumán y del Colegio de Abogados del Sur, mientras que posteriormente se concretó una audiencia con integrantes de la Asociación de Magistrados.
La reunión fue encabezada por la presidenta de la comisión, Carolina Vargas Aignasse, junto a legisladores que integran el cuerpo parlamentario encargado de analizar la iniciativa. El objetivo de esta etapa es incorporar observaciones y propuestas de los distintos sectores involucrados antes de avanzar hacia una definición legislativa.
Según explicó Vargas Aignasse, el proyecto busca revisar de manera profunda la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. “Estamos analizando un proyecto de reforma integral de la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, las atribuciones, divisiones y asignaciones de competencia de los magistrados”, señaló la legisladora.
La parlamentaria destacó además que el proceso se desarrolla bajo una lógica participativa, con instancias de diálogo destinadas a recoger opiniones de quienes trabajan diariamente dentro del sistema judicial. “La Comisión de Asuntos Constitucionales ha recibido a los colegios de abogados tanto de la capital como del sur, con sus nuevas comisiones directivas, para seguir en el análisis del proyecto tomando en cuenta los aportes que ellos han presentado en una reunión anterior”, afirmó.
La jornada también incluyó un encuentro con representantes de la Asociación de Magistrados de Tucumán, quienes solicitaron formar parte del debate legislativo para expresar su visión sobre los cambios propuestos. Vargas Aignasse remarcó que todas las inquietudes planteadas serán analizadas antes de la elaboración del dictamen definitivo.
“En el día de hoy la Presidencia de la Legislatura, a cargo de Sergio Mansilla, recibió a representantes de la Asociación de Magistrados, quienes vinieron a dar su opinión acerca de esta reforma integral. Hemos receptado todas estas inquietudes para poder conversarlas, debatirlas y buscar el consenso para la aprobación de esta modificación”, sostuvo.
Desde los colegios profesionales valoraron la apertura institucional y destacaron que varias observaciones ya comenzaron a ser consideradas dentro del proceso de revisión. El presidente del Colegio de Abogados del Sur, Eugenio Racedo, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y remarcó que algunas preocupaciones planteadas por la entidad fueron atendidas.
“El balance es muy productivo. Nosotros teníamos una gran preocupación con respecto al primer proyecto de reforma, que pretendía unificar los juzgados de documentos y locaciones junto con el juzgado Civil y Comercial”, explicó.
Racedo también destacó la importancia de que quienes ejercen diariamente la profesión puedan participar en la construcción de las nuevas normas. “Agradecemos que se nos haya convocado. Somos quienes estamos día a día y utilizamos los centros judiciales, por eso consideramos muy importante poder participar de estas discusiones”, expresó.
Por su parte, el representante del Colegio de Abogados de Tucumán, Pablo Lizondo, coincidió en valorar el espacio de diálogo generado por la Legislatura. Además, señaló que la institución presentó un dictamen con propuestas específicas vinculadas al funcionamiento de distintos fueros y competencias.
“Entendemos que la reunión fue muy positiva. Esta serie de escuchas por parte de la Legislatura es muy importante. Los colegiados venían pidiendo que aunemos fuerzas con la Legislatura y que se nos escuche”, manifestó.
Lizondo destacó particularmente algunos avances relacionados con las competencias de los jueces de paz. “Se han receptado algunos puntos muy favorables, especialmente respecto a la competencia de los jueces de paz en materia de consumo”, indicó.
Mientras continúa el análisis parlamentario, la reforma judicial sigue incorporando aportes de distintos sectores vinculados a la administración de justicia. El objetivo de la Legislatura es alcanzar consensos amplios antes de avanzar con una modificación que podría impactar de manera significativa en la organización y funcionamiento del Poder Judicial tucumano.
