Redacción SLC
En una sesión cargada de cruces políticos y fuertes discursos, el Senado de la Nación le dio luz verde al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para cerrar uno de los últimos capítulos pendientes del default argentino. Con 40 votos afirmativos y 22 negativos, la Cámara alta aprobó el acuerdo alcanzado con dos fondos buitre por un total de 171 millones de dólares, una decisión que el oficialismo considera clave para normalizar la situación financiera del país ante los mercados internacionales.
La iniciativa contempla el pago de US$67 millones a Bainbridge Ltd. y otros US$104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP., quienes mantenían reclamos judiciales activos tras no haber adherido a los canjes de deuda realizados luego de la crisis de 2001.
Desde el oficialismo defendieron el entendimiento como una salida estratégica a litigios que se arrastran desde hace décadas. El senador Agustín Monteverde sostuvo que “este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina” y destacó que los acreedores “se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina”.
Para el legislador libertario, la aprobación representa mucho más que una simple cancelación de deuda. “Esto que traemos a discusión significa la reinserción internacional de Argentina, significa salir del listado de morosos”, afirmó durante el debate.
La discusión no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde el bloque justicialista rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre los riesgos que implica el pago a los acreedores remanentes. El senador Jorge Capitanich sostuvo que “estos mecanismos en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts” y cuestionó aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo impulsado por el Poder Ejecutivo.
En la misma línea se expresó José Mayans, quien fue contundente al justificar el voto negativo de su bancada. “No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”, lanzó durante el cierre del debate.
Del otro lado, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y aseguró que la votación permitirá “cerrar una herida que tiene 25 años”. Además, remarcó que el acuerdo incluye una quita de entre el 30% y el 35% sobre los montos reclamados y destacó que los gastos legales serán afrontados por los propios acreedores.
Bullrich también subrayó uno de los puntos que el Gobierno considera más relevantes: el levantamiento de medidas cautelares que pesaban sobre activos argentinos. “Se levantan todas las órdenes de entrega contra las acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas”, aseguró, al tiempo que destacó que los acreedores se comprometieron a no intervenir en futuras emisiones de deuda.
La aprobación representa una victoria legislativa para la administración de Javier Milei, aunque el desafío todavía no terminó. El proyecto deberá obtener sanción definitiva en la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el acuerdo alcanzado en la Justicia de Estados Unidos.
Mientras tanto, el oficialismo celebra un paso que considera fundamental para recuperar credibilidad financiera, reducir litigios internacionales y comenzar a cerrar una de las historias más largas y conflictivas que dejó la crisis económica argentina de principios de siglo.
