Redacción SLC
Con el Mundial de fútbol ya concluido, el Gobierno nacional comenzó a concentrar todos sus esfuerzos en una intensa agenda legislativa para el segundo semestre. En la Casa Rosada sostienen que la principal herramienta de gestión pasa por impulsar reformas estructurales a través del Congreso, aunque el propio oficialismo reconoce que el volumen de proyectos pendientes y las demoras en la reforma política amenazan con complicar el cumplimiento de ese objetivo antes del inicio del debate presupuestario.
La prioridad inmediata está puesta en avanzar con la reforma electoral, cuyo eje central es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, la iniciativa permanece frenada por la resistencia de distintos bloques aliados, que no están dispuestos a resignar un mecanismo que podría resultar determinante en la estrategia electoral de la oposición de cara a los próximos comicios.
Ante ese escenario, el Gobierno intensificó las negociaciones políticas. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores para intentar reunir los apoyos necesarios, mientras que la ministra Patricia Bullrich encabeza las tratativas con los bloques dialoguistas en el Senado. Incluso, desde el oficialismo se abrió la posibilidad de discutir la incorporación de listas colectoras como alternativa para destrabar el debate, aunque desde sectores aliados, como el PRO, aseguran que esa posibilidad todavía no forma parte de las negociaciones y que la principal urgencia pasa hoy por el tratamiento de la modificación del régimen de Zona Fría.
Más allá de la reforma política, el Ejecutivo busca avanzar con un paquete de iniciativas que considera clave para profundizar su programa de gobierno. Entre los proyectos con media sanción aparecen el denominado súper-RIGI, la Ley Hojarasca y las modificaciones al régimen de Zona Fría. A ellos se suman reformas que aún continúan bajo análisis, como los cambios al Código Penal, la denominada iniciativa de "shutdown" del Estado, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el amplio paquete de desregulación impulsado por el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger.
La lista de proyectos pendientes también incluye iniciativas que todavía esperan comenzar su recorrido parlamentario. Entre ellas figuran la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, reformas a las leyes de Salud Mental, de Sociedades y de Lobby, un nuevo marco regulatorio para prevenir la ludopatía y la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa que lleva tiempo sin lograr tratamiento.
Dentro de esa amplia agenda, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya definió cuáles son las tres prioridades absolutas del oficialismo: la reforma política, los cambios en el régimen de Zona Fría y la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. La intención del Gobierno es avanzar con esos expedientes antes de que el calendario legislativo quede absorbido por otra discusión considerada inevitable.
El principal límite temporal es el ingreso del Presupuesto nacional 2027, que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso antes del 15 de septiembre. A partir de ese momento, el debate parlamentario suele concentrarse casi exclusivamente en la distribución de recursos entre Nación, provincias y organismos públicos, lo que reduce considerablemente las posibilidades de aprobar reformas de gran alcance.
En el oficialismo admiten que el desafío no solo pasa por los tiempos legislativos, sino también por el contexto político. Con el año electoral cada vez más cerca y sin mayorías propias en ninguna de las dos cámaras, el Gobierno considera indispensable acelerar el tratamiento de sus principales proyectos antes de que la campaña complique aún más la construcción de consensos y termine bloqueando el avance de su programa de reformas.
