Redacción SLC
La polémica por el vaciamiento del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán sumó un nuevo y explosivo capítulo. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla presentó una denuncia penal en la que acusa a los jueces subrogantes del tribunal de haber ordenado el retiro y la destrucción de elementos secuestrados pertenecientes a causas judiciales, sin respetar los procedimientos legales de custodia y preservación de pruebas.
La presentación fue realizada el 12 de junio y quedó inicialmente en manos del fiscal federal Agustín Chit. En su denuncia, Del Sueldo Padilla sostiene que el conflicto comenzó a principios de mayo, cuando los jueces subrogantes Ana Carina Farías, Federico Bothamle y Cristina Giordano impulsaron un operativo de limpieza en los subsuelos del edificio judicial, donde se almacenaban secuestros correspondientes a distintas investigaciones federales.
Según el funcionario, desde hace más de tres décadas tiene bajo su responsabilidad la custodia de los elementos secuestrados que ingresan al tribunal. En ese contexto, aseguró haber advertido personalmente que en los depósitos existían pruebas vinculadas a causas en trámite y expedientes con sentencias aún no firmes. Sin embargo, afirmó que recibió como respuesta que los propios magistrados se encargarían de la situación.
De acuerdo con la denuncia, el operativo comenzó con la llegada de camiones de Gendarmería Nacional y con instrucciones impartidas a empleados judiciales para clasificar y retirar material almacenado. Lo que inicialmente iba a limitarse a secuestros de causas antiguas terminó, según el relato, extendiéndose a la totalidad de los elementos guardados en el subsuelo, incluidos bienes correctamente identificados y vinculados a expedientes que todavía no habían concluido.
Uno de los puntos más sensibles mencionados en la presentación involucra pruebas relacionadas con la denominada causa Ale. Del Sueldo Padilla aseguró que parte de ese material fue retirado pese a que el expediente no se encontraba definitivamente cerrado y que solo algunas cajas pudieron ser rescatadas a tiempo. Además, denunció que durante el procedimiento aparecieron armas, municiones y granadas, y que la intervención de Bomberos habría sido necesaria para retirar explosivos hallados en el lugar.
La denuncia también expone presuntas irregularidades vinculadas al manejo de bienes secuestrados. Según el secretario, recibió información de que durante los traslados se habrían abierto bolsas y retirado objetos, entre ellos dinero y armas. Asimismo, cuestionó la supuesta destrucción de documentación interna que buscaba dejar constancia administrativa de lo ocurrido y sostuvo que algunos pedidos de informes impulsados por la fiscalía no habrían sido respondidos.
Ante este escenario, Del Sueldo Padilla consideró que los hechos podrían configurar delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa quedó posteriormente bajo análisis del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien deberá determinar si efectivamente se retiraron elementos pertenecientes a causas judiciales aún abiertas y cuál fue el destino final de ese material.
Mientras la investigación avanza, el caso abrió un fuerte debate dentro de la Justicia Federal tucumana sobre la preservación de pruebas, la cadena de custodia y las responsabilidades de quienes participaron del operativo. La resolución del expediente podría tener importantes consecuencias institucionales y penales para los involucrados.
