Redacción SLC
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para autorizar el pago a los dos últimos grupos de acreedores que mantenían litigios abiertos contra el Estado argentino por el default de la deuda de 2001. La iniciativa fue aprobada con 139 votos afirmativos y 97 negativos, otorgando la sanción definitiva que necesitaba el Poder Ejecutivo para avanzar con los acuerdos de conciliación alcanzados con los denominados fondos buitre.
La votación se produjo a pocos días del vencimiento del plazo establecido para concretar el entendimiento con los acreedores. El acuerdo contempla el pago de 67 millones de dólares al fondo Bainbridge Ltd. y otros 104 millones de dólares al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, en una operación que deberá ejecutarse de manera simultánea con la cancelación definitiva de los bonos involucrados en la disputa judicial.
Según los términos establecidos, el mecanismo elegido es el sistema internacional de Entrega contra Pago (DVP), mediante el cual los fondos se liberan al mismo tiempo que se concreta la transferencia y extinción de los títulos. Además, se acordó que los acreedores asumirán los costos legales derivados del litigio y se incorporó una cláusula que les impide iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta la finalización completa del proceso.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para cerrar definitivamente uno de los capítulos más prolongados de la crisis de deuda argentina. Durante el debate, el diputado Bertie Benegas Lynch sostuvo que el pago permitirá poner fin a una situación que calificó como una "herida de deshonra internacional" y destacó que los acuerdos incluyeron una reducción cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente.
El legislador también remarcó que la aprobación legislativa permitirá desactivar medidas de ejecución y embargos que pesaban en tribunales de Estados Unidos sobre activos soberanos argentinos. Entre ellos mencionó acciones vinculadas al Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y otros bienes que permanecían alcanzados por los procesos judiciales.
La oposición, en cambio, expresó fuertes cuestionamientos al proyecto. Desde Unión por la Patria, Itai Hagman advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento y criticó la falta de información sobre algunos aspectos de la negociación. En la misma línea, Germán Martínez sostuvo que el Gobierno no brindó detalles suficientes sobre los títulos involucrados y reclamó un análisis más profundo del perfil de la deuda.
También desde otros bloques surgieron objeciones. Miguel Pichetto cuestionó la ausencia de precisiones sobre la fuente de financiamiento que se utilizará para afrontar los pagos y planteó dudas respecto del encuadre presupuestario de la operación. Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola rechazó el acuerdo al considerar que sienta un precedente para futuras emisiones de deuda bajo jurisdicción extranjera.
En el cierre del debate, la diputada Silvana Giudici defendió el entendimiento alcanzado por el Gobierno y destacó que los fondos involucrados cuentan con sentencias firmes emitidas por la Justicia estadounidense. Además, subrayó que el acuerdo contempla la devolución de acciones de distintas clases de YPF que permanecían bajo control de los acreedores y aseguró que esa medida contribuirá a reducir riesgos de futuros conflictos judiciales sobre activos estratégicos del país.
Con la sanción definitiva de la ley, el Gobierno quedó habilitado para ejecutar los acuerdos y avanzar hacia el cierre de los últimos litigios vinculados al default de 2001. La administración de Javier Milei apuesta a que la resolución de estas causas permita eliminar amenazas judiciales sobre bienes del Estado y normalizar definitivamente una disputa que se extendió durante más de dos décadas.
