Redacción SLC
El Gobierno nacional aseguró que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el financiamiento universitario no modifica sustancialmente su estrategia y sostuvo que una parte importante de las obligaciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario ya se encuentra cubierta mediante los acuerdos salariales firmados con las universidades semanas atrás.
Desde la Casa Rosada interpretaron que la decisión del máximo tribunal dejó firmes únicamente los artículos 4 y 5 de la norma, vinculados a la actualización de salarios y al financiamiento de becas y programas estudiantiles. En ese marco, sostienen que el acuerdo paritario alcanzado el pasado 10 de junio con los rectores contempla aproximadamente 830.000 millones de pesos de los 1,3 billones previstos para esos conceptos durante todo el año.
Con esa lectura, el Ejecutivo no descarta discutir la diferencia presupuestaria restante durante el segundo semestre. Además, insiste en que la Corte no resolvió la cuestión de fondo del litigio, es decir, si el decreto que suspendió parte de la ley es válido o no, una definición que aún deberá resolver la Justicia en las instancias correspondientes.
En el Gobierno también remarcan que continúa pendiente la resolución del recurso de amparo presentado contra la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario. Por ese motivo, rechazan asumir el costo total previsto por la norma, que estiman asciende a unos 3,2 billones de pesos para todo el ejercicio.
Mientras tanto, las autoridades universitarias realizaron una interpretación diferente del fallo y celebraron la decisión del máximo tribunal. Para los rectores, la resolución reafirma la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir con la ley aprobada por el Congreso en 2025, luego de que fuera vetada por el presidente Javier Milei.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, sostuvo que el pronunciamiento representa un respaldo a la posición de las universidades. "Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", afirmó.
No obstante, la resolución de la Corte tuvo un alcance limitado y se concentró en aspectos procesales. El tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro por no dirigirse contra una sentencia definitiva, aunque tampoco resolvió la controversia de fondo, que continuará su trámite en la Justicia.
En paralelo al proceso judicial, el Ministerio de Capital Humano y los rectores de las universidades nacionales firmaron el 10 de junio un acuerdo junto a los gremios docentes y no docentes para recomponer los salarios del sector. El entendimiento contempla un incremento acumulado del 24,33%, distribuido en un 21,33% durante junio sobre los haberes vigentes a mayo y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre.
De esta manera, mientras el Gobierno considera que el acuerdo salarial permite cumplir buena parte de las obligaciones contempladas en la ley, las universidades sostienen que el fallo fortalece su reclamo por la plena aplicación de la normativa. La definición definitiva sobre el alcance de la Ley de Financiamiento Universitario quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá resolver el conflicto de fondo en los próximos meses.
