Redacción SLC
La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez registró este viernes un avance clave con la reformulación de los cargos impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I. Durante una audiencia, el Ministerio Público Fiscal adecuó la descripción de los hechos y dejó a Felipe Sosa como único autor del crimen, mientras que el resto de los imputados continuará acusado por distintos hechos de encubrimiento agravado.
La audiencia fue encabezada por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma, en representación del fiscal Pedro Gallo. La investigadora explicó que la reformulación no implicó cambios sustanciales en las imputaciones ni en las calificaciones legales, sino una adecuación basada en las pruebas reunidas durante la investigación.
"Vamos a quitar la intervención de otras personas en el femicidio y una modificación en el horario. En lo que hace a la intervención de otras personas, desde el primer momento se ha colocado a Sosa en calidad de autor, y eso no está modificado, pero de la imputación surgía la actuación de otros sujetos con otro grado de participación, y es lo que vamos a descartar", sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.
De acuerdo con la nueva acusación, la Fiscalía sostiene que Érika Álvarez llegó durante la madrugada del 7 de enero de 2026 al domicilio de Sosa, ubicado en Yerba Buena. Allí, entre las 3.50 y las 7 de la mañana aproximadamente, el acusado la habría golpeado con extrema violencia en la cabeza y el cuello, provocándole lesiones que derivaron en su muerte por traumatismo cráneo-facial y cervical.
El Ministerio Público Fiscal mantuvo la imputación de Sosa por el delito de femicidio en calidad de autor. Según la acusación, el imputado actuó aprovechándose de una relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de la víctima, con la intención de causarle la muerte.
En cuanto al resto de los acusados, la Fiscalía sostuvo que las evidencias recolectadas permiten atribuirles exclusivamente conductas vinculadas al encubrimiento del crimen. Justina Gordillo continuará imputada por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por la gravedad del delito precedente, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública.
La acusación sostiene que Gordillo colaboró en el ocultamiento del cuerpo y de distintos elementos vinculados al hecho, además de facilitar la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires mediante la entrega de una motocicleta, dinero e información relacionada con la investigación. También se le atribuye haber participado en maniobras para ocultar rastros y administrar bienes vinculados al acusado.
Por su parte, Nicolás Navarro seguirá acusado por encubrimiento agravado. Según la Fiscalía, acudió en reiteradas oportunidades al domicilio de Sosa el mismo día del crimen y posteriormente retiró dos bolsas que le habría entregado el imputado, deshaciéndose de ellas para colaborar con la eliminación de pruebas y facilitar que el principal acusado eludiera la acción de la Justicia.
La misma figura penal alcanza a Jorge "Chicho" Díaz. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el imputado realizó tareas de limpieza en la vivienda donde ocurrió el femicidio para eliminar rastros del hecho y luego retiró armas y municiones que Sosa le habría entregado para ocultarlas, contribuyendo también a dificultar el avance de la investigación.
Con esta reformulación, la Fiscalía consolidó su hipótesis acusatoria al señalar a Felipe Sosa como único autor material del femicidio de Érika Álvarez, mientras que las responsabilidades penales del resto de los imputados quedan circunscriptas a las maniobras posteriores destinadas a ocultar evidencias y favorecer la fuga del acusado.
