Redacción SLC
Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, el Gobierno confirmó que promulgará la nueva ley de discapacidad, aunque advirtió que su reglamentación quedará en suspenso hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a medios nacionales.
El funcionario aclaró que no se avanzará con el decreto reglamentario hasta analizar el impacto fiscal de la medida. La ley fue impulsada por legisladores de la oposición y logró un respaldo contundente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, incluyendo votos de bloques aliados al oficialismo. La insistencia del Congreso superó los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el veto del presidente Javier Milei, lo que obliga constitucionalmente al Poder Ejecutivo a promulgarla.
“Vamos a promulgar la ley como corresponde”, señaló Francos, aunque planteó reparos sobre la viabilidad económica de su ejecución. “También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera, el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos”, advirtió.
El funcionario lanzó una crítica directa: “No me pueden endilgar a mí que vea las partidas y cómo las reacomoda; eso no es una solución, es una mentira. Que me digan, sino, ¿a quién le sacamos? ¿A los jubilados para pasar a discapacidad?”.
La norma, conocida como ley de emergencia en discapacidad, establece un nuevo marco para el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. El beneficio está dirigido a personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no tengan ingresos mayores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, ni perciban planes similares.
Además, será compatible con empleo registrado, siempre que los ingresos no superen el tope fijado. Uno de los puntos centrales es que la asignación será del 70% del haber mínimo jubilatorio y que todas las pensiones otorgadas antes de la ley pasarán automáticamente al nuevo régimen, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.
También se prevé una actualización automática y mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) que publica el INDEC.
La reglamentación de estos artículos, sin embargo, queda supeditada a una discusión que el Gobierno busca dar con el Congreso y el Ministerio de Salud. “Esto abre la puerta para nuevas pensiones. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, sostuvo Francos.
