Redacción SLC
La Legislatura de Tucumán dio un nuevo paso en el proceso de modernización institucional al avanzar con la Actualización 2026 del Digesto Jurídico Provincial, al cumplirse el primer año desde la consolidación del ordenamiento normativo de la provincia. La reunión ampliada de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa fue encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo y reunió a legisladores de distintos bloques políticos.
El encuentro se desarrolló en el Salón de la Memoria con la participación de la presidenta de la comisión, Carolina Vargas Aignasse, junto a los legisladores Roque Tobías Álvarez, Rodolfo Ocaranza, Walter Berarducci, Alberto Olea, Eduardo Verón Guerra, Silvia Elías de Pérez, Carlos Gómez, Gabriel Yedlin, Edith Comolli y Sara Lazarte.
Durante la apertura, Acevedo destacó que la actualización anual del Digesto representa el cumplimiento de un compromiso asumido al inicio de la gestión legislativa y remarcó la importancia de sostener una política pública que trascienda las diferencias partidarias.
"Hoy celebramos el año, pero además venimos a decirles a todos gracias por ayudarnos a cumplir la palabra, porque lo estamos haciendo anualmente. Esto genera algo muy especial que es la confianza y saber que por encima de cualquier otra cosa están las cuestiones de fondo", expresó.
El vicegobernador también adelantó que la Legislatura trabaja para incorporar herramientas que permitan acercar la normativa vigente a toda la comunidad mediante un lenguaje más claro y accesible.
"Muy próximamente vamos a poder tener estas leyes en un lenguaje cotidiano, entendible por cualquier ciudadano. Vamos perfeccionando las herramientas para que haya un mejor acceso a las leyes, que es un derecho que todos tenemos", sostuvo.
Durante la reunión se presentaron los resultados del relevamiento correspondiente a la actualización 2026 del Digesto Jurídico. El proceso abarcó las 109 leyes sancionadas hasta diciembre de 2025, de las cuales 18 modificaron normas ya vigentes. Además, se identificaron 150 leyes con criterio de caducidad, siete leyes derogadas y 38 textos que deberán ser consolidados por las distintas comisiones legislativas.
La mayor cantidad de expedientes corresponde a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 14 textos para consolidar, seguida por Salud Pública y Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, con cuatro cada una. También deberán intervenir las comisiones de Legislación General, Seguridad y Justicia, Asuntos Constitucionales e Institucionales, Deportes, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cultura, Educación, Protección de los Derechos de la Mujer, Género y Diversidad, Economía y Producción y Juventud.
Por su parte, Carolina Vargas Aignasse explicó que el objetivo de la reunión fue aprobar los dictámenes vinculados con las leyes sancionadas durante 2025 y dar continuidad al proceso iniciado el año pasado.
"No se trata solamente de resaltar la importancia de haber consolidado el universo de más de 4.600 leyes, sino de darle continuidad a este trabajo mediante una decisión política e institucional de actualizar anualmente el Digesto Jurídico para brindar a los ciudadanos, profesionales e instituciones todas las leyes generales de una manera fácil, ordenada y clara", afirmó.
La legisladora destacó además el impacto práctico de esta herramienta para quienes necesitan consultar la legislación vigente.
"Antes un ciudadano debía buscar la ley original y todas sus modificaciones posteriores. Hoy encuentra un único texto ordenado que contiene todas las reformas incorporadas, facilitando enormemente su consulta y utilización", señaló.
A su turno, Walter Berarducci remarcó que la actualización permanente del Digesto fortalece la institucionalidad y aporta mayor seguridad jurídica tanto para la ciudadanía como para los distintos poderes del Estado.
"Este trabajo significa cumplir la palabra, recuperar institucionalidad y darle al ciudadano las herramientas para conocer plenamente sus derechos y obligaciones. Es un paso muy importante para el Poder Legislativo", expresó.
El legislador también destacó la importancia de la herramienta para el funcionamiento del sistema judicial y la necesidad de seguir acercando las normas a la sociedad mediante nuevas tecnologías y un lenguaje más sencillo.
"Nos preocupa que una gran parte de la ciudadanía no conozca las normas que regulan la convivencia. Por eso trabajamos en nuevos sistemas de acceso, utilizando tecnología e incorporando un lenguaje claro y sencillo para que todos puedan ejercer plenamente sus derechos", concluyó.
