Redacción SLC
La senadora nacional Patricia Bullrich y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, alcanzaron un acuerdo sobre la nueva redacción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las principales iniciativas que el Gobierno nacional busca aprobar tras el receso invernal. El texto volverá a debatirse en el Senado el próximo 6 de agosto.
Durante el receso parlamentario, Bullrich mantuvo abierto su despacho para continuar las negociaciones con los distintos bloques y avanzar en un consenso sobre los puntos que habían generado mayores diferencias, especialmente el capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras.
La iniciativa también contempla cambios en el régimen de desalojos, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y nuevas disposiciones sobre la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.
El principal punto de discusión estuvo centrado en el alcance de la reforma del régimen vigente para la compra de tierras por extranjeros. En la sesión prevista para el 16 de julio, Bullrich había encabezado conversaciones con senadores de la Unión Cívica Radical y bloques aliados para incorporar una mayor participación de las provincias en esas decisiones.
La propuesta inicial no había sido aceptada por el Poder Ejecutivo. Incluso, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, participó de las negociaciones y el propio Sturzenegger advirtió a distintos legisladores que el Gobierno vetaría el proyecto si se aprobaba con esa redacción.
Las diferencias comenzaron a resolverse durante una reunión de más de una hora entre Bullrich y el ministro, quienes consensuaron un nuevo texto.
"Tenemos un texto consensuado entre todos. Y también está la realidad, que es que las leyes se componen de una diversidad de miradas. La del Gobierno con el bloque oficial y con el radicalismo, el PRO y de los senadores provinciales que acompañan. Este es un proyecto, como todos los que han salido, que tiene aportes de todos. Pero siempre dentro de lo que es una filosofía, que es salir de lo que era la Ley de Máximo Kirchner", afirmó la senadora al término del encuentro.
La nueva redacción del artículo 25 establece que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre su territorio, de acuerdo con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional. Además, cuando las operaciones involucren inmuebles ubicados en zonas de frontera, deberán contar tanto con la aprobación de la provincia correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional.
El bloque de la Unión Cívica Radical, presidido por Eduardo Vischi, fue uno de los principales impulsores de las modificaciones al proyecto. Los senadores reclamaron que los registros de las operaciones de compraventa de tierras permanezcan bajo la órbita provincial, planteo que derivó en la postergación del debate.
En paralelo, la conducción nacional del radicalismo difundió un documento titulado La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra, en el que reivindicó la legislación vigente, que limita al 15% la superficie de tierras rurales en manos extranjeras y establece un tope del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.
La Libertad Avanza cuenta con el respaldo de sus 21 senadores y trabaja para sumar el apoyo de la mayoría del bloque radical, los tres representantes del PRO y parte de los espacios provinciales.
Entre los legisladores que el oficialismo busca incorporar aparecen Flavia Royón, Beatriz Ávila y Julieta Corroza. "Es una ley que modifica muchas leyes y hay que seguir dialogando", sostuvo Ávila, quien evitó adelantar cuál será su voto.
En tanto, persisten las dudas respecto de la postura que adoptarán los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, mientras organizaciones ambientalistas de esa provincia cuestionan la flexibilización del régimen para la venta de tierras a extranjeros.
El bloque Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, presentó un dictamen de minoría centrado en el capítulo referido a los desalojos.
Los legisladores sostuvieron que el proyecto oficial "coloca en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad", por lo que propusieron diferenciar los conflictos derivados de contratos de alquiler de los casos de usurpación y garantizar instancias de defensa antes de ejecutar desalojos habitacionales.
El Senado retomará el tratamiento del proyecto el próximo 6 de agosto, en una sesión clave para el Gobierno nacional, que buscará reunir los votos necesarios para convertir en ley una de las reformas prioritarias de su agenda legislativa.
