Redacción SLC
El endeudamiento de las familias argentinas continúa profundizándose y ya se convirtió en una de las principales preocupaciones del sistema financiero y del Gobierno nacional. El incremento sostenido de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales, que comenzó a acelerarse a mediados del año pasado por la suba de las tasas de interés, dejó un escenario cada vez más complejo: actualmente hay 5,8 millones de personas con deudas impagas de más de 90 días.
De acuerdo con datos del Banco Central procesados por la consultora EcoGo, en el país existen 20,9 millones de personas con algún tipo de crédito vigente. De ese total, casi tres de cada diez presentan atrasos significativos en el pago de sus obligaciones. Además, unos 2,6 millones de argentinos mantienen deudas tanto con bancos como con entidades financieras no bancarias, mientras que el resto concentra sus compromisos en uno solo de esos sectores.
Los atrasos en los pagos son considerablemente más elevados entre las entidades no bancarias que entre los bancos tradicionales. Según EcoGo, en mayo la morosidad alcanzó el 28% en financieras, billeteras virtuales y otros prestamistas, frente al 12,8% registrado por las entidades bancarias.
La diferencia responde, principalmente, a las tasas de interés mucho más elevadas que cobran las compañías no bancarias. En muchos casos, esos costos financieros parten de niveles cuatro veces superiores a la inflación, lo que lleva a numerosos deudores a priorizar el pago de los créditos bancarios para no perder acceso a las líneas de financiamiento más económicas y postergar las obligaciones con fintech y otras entidades.
El universo de prestamistas alternativos es amplio e incluye empresas de préstamos personales, cadenas de electrodomésticos, cooperativas, mutuales e incluso aplicaciones de reparto que ofrecen financiamiento a sus propios trabajadores. Dentro de ese grupo, las empresas de préstamos a sola firma registran los mayores niveles de morosidad, con casi un 59%, seguidas por las cadenas de electrodomésticos, con un 44%.
El deterioro también se refleja en la calidad de la cartera de préstamos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que existen $3,4 billones en créditos considerados irrecuperables, es decir, con más de un año de atraso en los pagos.
De ese monto, el 66% corresponde a billeteras virtuales y empresas fintech. A su vez, otros $6,6 billones se encuentran en una categoría previa de irregularidad, con demoras de entre seis meses y un año, donde los bancos concentran cerca de $5 billones.
Para CEPA, esta situación anticipa que el volumen de créditos definitivamente incobrables podría seguir aumentando durante los próximos meses. El aumento de la morosidad modificó también el comportamiento del sistema financiero. Los bancos endurecieron las condiciones para otorgar nuevos préstamos y redujeron el ritmo de colocación de créditos, mientras que las billeteras virtuales y las fintech ampliaron su participación en el mercado.
Una de las hipótesis que manejan los especialistas es que numerosos consumidores están tomando préstamos más caros en plataformas digitales para cancelar sus deudas bancarias y evitar ingresar en mora con las entidades tradicionales. En la práctica, reemplazan financiamiento de menor costo por otro considerablemente más oneroso.
Cuando una deuda se vuelve prácticamente incobrable, los bancos suelen darla de baja de sus balances y vender esos créditos a estudios jurídicos especializados, que posteriormente intentan recuperarlos mediante acciones judiciales.
Un estudio elaborado por la consultora Analytica también permitió identificar el perfil geográfico del problema. Las provincias del noroeste argentino presentan algunos de los niveles de morosidad más elevados del país entre quienes poseen créditos vigentes.
El ranking está encabezado por San Juan (35,2%), Catamarca (34,2%), San Luis (34,1%) y La Rioja (34%). En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registra la menor proporción de deudores en mora, con el 16,1%, seguida por La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%).
El informe también señala que el fenómeno afecta especialmente a jóvenes, trabajadores de ingresos bajos y monotributistas, configurando un escenario que preocupa tanto por su impacto social como por los riesgos que representa para la estabilidad del sistema de crédito al consumo.
