El gremio del ERSEPT denunció presunta persecución laboral y pidió la intervención del Gobierno provincial

El gremio del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) denunció una serie de presuntas irregularidades administrativas y situaciones de persecución laboral que, según aseguró, afectan el normal funcionamiento del organismo y las condiciones de trabajo de sus empleados.

Durante una protesta realizada por los trabajadores, el abogado del sindicato, Mariano Arca, sostuvo que la situación dentro del ente se volvió "insostenible" debido a supuestos hechos de persecución, amenazas y decisiones administrativas que perjudican al personal.

Entre los principales reclamos, el letrado cuestionó la decisión de no renovar contratos de trabajadores que, según indicó, llevaban varios años desempeñándose en el organismo, mientras se producía el ingreso de nuevo personal.

Asimismo, reclamó el pase a planta permanente de empleados con alrededor de diez años de antigüedad, al considerar que reúnen las condiciones para acceder a la estabilidad laboral.

Arca también dirigió cuestionamientos hacia la gerente general del ERSEPT, María de los Ángeles Duarte, a quien vinculó con presuntas irregularidades administrativas y con una denuncia penal por supuestas amenazas contra dos trabajadores del organismo.

De acuerdo con lo manifestado por el abogado, esa causa continúa en etapa de investigación y el gremio aguarda nuevas medidas por parte de la Justicia. Además, cuestionó una resolución interna que, según afirmó, otorgó a la gerente atribuciones similares a las del interventor del organismo, situación que consideró irregular.

Frente al conflicto, el representante legal del gremio solicitó la intervención del Gobierno provincial para abordar la situación y encontrar una solución al reclamo de los trabajadores. No obstante, las acusaciones difundidas corresponden a denuncias formuladas por el sindicato y se encuentran actualmente bajo investigación. Hasta el momento no existe una resolución judicial firme que determine responsabilidades sobre los hechos denunciados.