Redacción SLC
La violencia de género volvió a dejar una cifra alarmante en Argentina. Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 176 femicidios, lo que equivale a un crimen cada 33 horas y representa un número superior al contabilizado durante todo el año pasado.
El dato surge del último informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), que relevó 127 femicidios directos, 15 femicidios vinculados de varones y niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas.
Uno de los aspectos que más preocupa del relevamiento es la existencia de antecedentes que, en numerosos casos, daban cuenta de situaciones de violencia previas. Apenas el 11% de las víctimas había realizado una denuncia ante la Justicia, mientras que el 75% contaba con una orden de restricción contra el agresor y el 12% tenía botón antipánico.
El impacto de estos crímenes también alcanzó directamente a las familias. Según MuMaLá, 132 niños y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de los femicidios registrados durante los primeros ocho meses del año.
Las armas de fuego fueron el principal método utilizado para cometer los asesinatos, presentes en el 32% de los casos. Le siguieron las armas blancas, con el 24%, mientras que la asfixia representó el 13% y los golpes, el 11%.
La edad promedio de las víctimas fue de 39 años. Dentro del total relevado había 16 niñas y adolescentes y 17 adultas mayores, mientras que la edad promedio de los femicidas se ubicó en los 41 años.
El informe también mostró diferencias entre las provincias al analizar la tasa de femicidios. Santiago del Estero, con 1,7 casos, Santa Fe, con 1,6, y Catamarca, con 1,4, registraron los valores más elevados del país.
Frente a este escenario, MuMaLá cuestionó la falta de políticas de prevención y reclamó una mayor intervención estatal para abordar la violencia de género. La organización exigió “a nivel nacional la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo”.
