Redacción SLC
El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, encabezaron una reunión interinstitucional destinada a avanzar en la adecuación de la normativa provincial a las disposiciones de la Ley Nacional N.º 27.801. Del encuentro participaron autoridades judiciales, legisladores y representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Pupilar y de la Defensa.
La reunión tuvo como eje analizar los distintos aspectos vinculados con la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y establecer una agenda de trabajo conjunta entre los organismos que intervienen en el sistema. El objetivo es avanzar hacia una normativa provincial que permita implementar las disposiciones nacionales y, al mismo tiempo, contemple las particularidades del funcionamiento institucional de Tucumán.
Por la Corte Suprema participaron Daniel Leiva, Daniel Oscar Posse y Eleonora Rodríguez Campos. En representación de la Legislatura estuvieron Gerónimo Vargas Aignasse, Mario Leito y Carolina Vargas Aignasse, mientras que por el Ministerio Público Fiscal participaron Edmundo Jiménez y el fiscal Luis Germain, y por el Ministerio Pupilar y de la Defensa, Pablo Cannata, Daniel Plaza y Alejandra Rivas.
También participaron los jueces penales de Niñas, Niños y Adolescentes Ana María Iacono, Elizabeth Myriam Raddi, Federico Moeykens y Marcos Javier Núñez Campero, además de los funcionarios del Poder Judicial Andrés Garmendia, Marcelo Rubinstein y María Josefina Sánchez.
Acevedo destacó el intercambio entre las distintas instituciones y sostuvo que el proceso registra avances a partir de las diferentes miradas que intervienen en la discusión. “En cada reunión que tenemos, con distintas miradas, yo creo que hay un avance positivo. La ley nacional, la cual ya está en vigencia y la provincia la está cumpliendo, establece algunas disposiciones que son un poco complejas”, afirmó.
En ese sentido, el vicegobernador remarcó la necesidad de compatibilizar las posiciones de los distintos organismos involucrados. “Hay que compatibilizar la opinión del Poder Judicial con la opinión del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de la Defensa también hizo su planteo y su mirada”, explicó.
Acevedo señaló además que el objetivo de la Legislatura es alcanzar una norma que pueda ser aplicada efectivamente. “Vamos a ir avanzando en pos de lograr una ley que sea de aplicabilidad, porque en la Legislatura queremos sancionar leyes que una vez que estén sancionadas y se promulguen, se pueda cumplir y no quede en letra muerta”, sostuvo.
Por último, definió el espíritu de las reuniones como un proceso de diálogo institucional amplio. “Esa es la intención de este diálogo amplio, abierto entre los tres poderes del Estado”, expresó.
Gerónimo Vargas Aignasse explicó que el Poder Legislativo ya trabaja en la incorporación de un régimen penal juvenil específico para Tucumán a partir de la normativa nacional. “Venimos ya avanzando en un proceso para incorporar en Tucumán un régimen especial penal juvenil a partir de la Ley 27.801 nacional que baja la edad de imputabilidad a 14 años”, señaló.
El presidente de la Comisión de Legislación General indicó que la adecuación requerirá modificaciones en distintos aspectos del sistema. “Tenemos que hacer una adecuación procesal naturalmente y la creación de un régimen de ejecución de sentencia para menores”, afirmó.
Vargas Aignasse sostuvo además que se busca alcanzar un dictamen consensuado entre los diferentes actores que intervienen en la materia. “Estamos tratando de lo antes posible poder llevar un dictamen unificado y acordado con todos los sectores y sobre todo por los operadores del sistema”, agregó.
Respecto del objetivo del nuevo régimen, planteó la necesidad de combinar el cumplimiento de la normativa nacional con herramientas destinadas a la reinserción de los adolescentes que cometan delitos. “La idea es que podamos cumplir con la normativa nacional, pero también que podamos desde nuestras normas locales generar las condiciones para que ese menor pueda pagar por el delito cometido, podamos resocializarlo, podamos poner fin a su trayectoria criminal”, sostuvo.
Por su parte, el legislador Mario Leito valoró la posibilidad de avanzar en forma coordinada entre las distintas instituciones. “Celebramos que este tipo de convocatoria se pueda trabajar de forma conjunta con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo”, afirmó.
El parlamentario señaló que uno de los desafíos consiste en definir cómo se implementarán en Tucumán algunas de las figuras contempladas por la normativa nacional. Entre ellas mencionó la figura del supervisor y planteó el interrogante sobre el ámbito institucional en el que debería funcionar.
“Nos preguntamos en qué ámbito debería estar. Estamos viendo precisamente desde qué órgano se va a implementar eso, si va a quedar en el órgano del Poder Ejecutivo o va a ser parte de una estructura en el Poder Judicial”, explicó Leito.
Finalmente, el legislador precisó que una de las líneas de trabajo actuales está vinculada con la modificación del Código Procesal Penal y con las adecuaciones administrativas necesarias para aplicar la nueva normativa. “Lo que nosotros estamos viendo en este momento es la modificación del Código Procesal Penal y cómo damos cumplimiento a cuestiones administrativas en Tucumán para poder dar cumplimiento a esa ley nacional”, concluyó.
