Redacción SLC
Una nueva resolución judicial modificó las condiciones de detención de uno de los imputados en la causa que investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez. Luego de una audiencia de impugnación, la jueza Jimena Suárez dispuso que Jorge “Chicho” Díaz cumpla arresto domiciliario, aunque bajo una caución real de $20 millones.
Díaz es señalado por el Ministerio Público Fiscal como uno de los presuntos colaboradores directos en las maniobras que se habrían realizado después del asesinato de la joven. La medida judicial representa una modificación de su situación procesal, pero no implica el cierre de las acusaciones en su contra.
Según informó Los Primeros, para acceder al arresto domiciliario, la magistrada estableció el pago de una caución real de $20 millones. La resolución hizo lugar al planteo presentado por su abogado defensor, Juan Pablo Bello, quien sostuvo que su asistido no cuenta con medios ni registra conductas que permitan presumir un posible entorpecimiento de la investigación preparatoria.
La decisión fue adoptada pese a la oposición del fiscal de la causa, Pedro Gallo, y del abogado querellante, Carlos Garmendia. Ambos habían solicitado que Díaz permaneciera alojado en una dependencia penitenciaria mientras continúa el proceso judicial.
En la audiencia también se discutió el monto de la caución. La jueza tuvo en cuenta la situación socioeconómica del imputado y fijó una suma inferior a la que había sido solicitada inicialmente. “Vamos a tratar de conseguir ese valor; es muchísimo dinero para un jardinero y mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, sostuvo Bello al referirse a la caución establecida por la magistrada.
Según consta en el expediente penal, Érika Álvarez fue asesinada el 7 de enero de 2026 en una vivienda de Yerba Buena. Días después, el cuerpo de la joven fue encontrado en un descampado de Manantial Sur, hecho que dio inicio a una investigación que continúa en la Justicia. En la causa principal, Felipe “El Militar” Sosa se encuentra procesado con prisión preventiva y está acusado como presunto autor material del homicidio agravado por mediar violencia de género, es decir, femicidio.
Por su parte, Díaz, quien se desempeñaba como empleado de confianza del empresario, está acusado de haber colaborado activamente en la alteración de rastros y en la logística posterior al crimen. Esos hechos forman parte de la investigación preparatoria y deberán ser analizados durante el avance del proceso.
Con la resolución de la jueza Suárez, Díaz continuará vinculado a la causa, pero cumplirá la medida de coerción bajo modalidad domiciliaria y con la obligación de afrontar la caución fijada judicialmente.
