Redacción SLC
El Gobierno nacional terminó de redactar y envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que había sido anunciada por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre. El texto fue incorporado al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) durante los primeros minutos de este jueves para completar el circuito administrativo y ser remitido a la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue elaborada durante los últimos días por un grupo reducido de funcionarios y reúne herramientas de distintas áreas del Estado. Entre sus principales ejes aparecen la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructura crítica y nuevos marcos para la protección aeroespacial y marítima, tal como había anticipado oficialmente la Casa Rosada.
El envío al Congreso se produjo después de varios días de discusión sobre los tiempos de presentación. Mientras algunos sectores del oficialismo esperaban contar antes con el proyecto definitivo para iniciar el trabajo parlamentario, desde el equipo encargado de la redacción sostuvieron que el lunes no había sido establecido como fecha técnica para finalizar el articulado.
La discusión sobre los plazos había aparecido incluso durante la sesión en la que la oposición avanzó con emplazamientos relacionados con endeudamiento familiar y discapacidad. En ese momento se evaluó la posibilidad de incorporar el proyecto sobre Malvinas sobre tablas, aunque finalmente el Ejecutivo decidió no llevar al recinto una iniciativa que todavía se encontraba en proceso de elaboración.
Uno de los capítulos centrales del proyecto apunta a ampliar las herramientas disponibles frente a empresas y actores vinculados con actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización argentina. El Gobierno había comenzado a trabajar sobre el régimen de hidrocarburos y durante la elaboración del proyecto evaluó extender el alcance a otras actividades productivas, entre ellas pesca y minería.
El nuevo esquema se inscribe en la estrategia adoptada por el Ejecutivo frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion. En paralelo, el Gobierno ya puso en marcha el Decreto 868/2026, que modificó los procedimientos administrativos vinculados con la Ley 26.659 y designó a la Cancillería como autoridad de aplicación. La norma establece mecanismos para acelerar la detección y sanción de actividades hidrocarburíferas prohibidas y obliga a organismos nacionales a informar posibles incumplimientos.
El propio Milei había anticipado que la nueva ley buscaría endurecer las sanciones y extender las restricciones a proveedores y otros actores vinculados con operaciones no autorizadas. También había planteado ampliar el régimen a otras actividades relacionadas con los recursos naturales de las islas.
Otro de los capítulos del proyecto estará vinculado con la protección de infraestructura considerada estratégica para el funcionamiento del país. El esquema contempla establecer criterios de seguridad para redes, centros de datos, telecomunicaciones y otros activos que sean considerados sensibles.
La propuesta incorpora así una concepción de Seguridad Nacional que excede el ámbito estrictamente militar y busca articular diferentes áreas del Estado frente a posibles riesgos sobre infraestructura estratégica.
El paquete también incluye modificaciones relacionadas con la protección aeroespacial. El objetivo del Gobierno es hacer más operativo el procedimiento frente a aeronaves declaradas hostiles y establecer con mayor precisión las distintas etapas de intervención, incluida la utilización de la fuerza como instancia final.
El proyecto no plantea un mecanismo de derribo automático frente a vuelos irregulares. Según la información sobre el texto trabajado por el Ejecutivo, la reforma quedó además acotada respecto de algunas alternativas consideradas durante las primeras etapas de elaboración.
En particular, no incorpora una modificación general de la Ley de Seguridad Interior para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. Los cambios vinculados con el sistema de Inteligencia, por su parte, continuarán siendo tratados por una vía legislativa diferente.
La vigilancia del Atlántico Sur constituye otro de los componentes del esquema. El Gobierno trabaja sobre la integración de radares, telecomunicaciones, sistemas satelitales e inteligencia de señales para ampliar la capacidad de seguimiento marítimo y aeroespacial.
Dentro de esa planificación, la Base Naval Integrada de Ushuaia aparece como uno de los nodos centrales para concentrar información y fortalecer las capacidades de vigilancia en la región. Esta línea de acción había sido anticipada por Milei junto con el anuncio del proyecto de ley y las medidas destinadas a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Con el envío del proyecto a Diputados comienza ahora la etapa parlamentaria de la iniciativa. El texto deberá atravesar el análisis de las comisiones correspondientes y posteriormente el debate legislativo, mientras el Gobierno buscará avanzar con un paquete que combina medidas sobre actividades económicas en las islas, infraestructura estratégica y capacidades de seguridad y vigilancia.
