Redacción SLC
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participó este martes de una reunión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expresó su respaldo al proyecto de ley que busca restituir los fondos destinados al Régimen de Integración Socio Urbana. La iniciativa apunta a recuperar el financiamiento para mejorar las condiciones de vida en los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Durante su intervención, la jefa municipal expuso la situación de estos sectores en la capital tucumana y sostuvo que el acceso a los servicios básicos es determinante para la salud y el desarrollo de las familias. Según los datos del Renabap correspondientes a abril de 2024 que presentó ante los legisladores, San Miguel de Tucumán cuenta con 81 barrios populares, en los que viven aproximadamente 25.700 familias y 79.000 personas.
“Cuando hablamos de barrios vulnerables, hablamos de gente que no tiene cloacas, no tiene agua, no tiene gas natural, no tiene lo básico para que una familia pueda desarrollarse plenamente”, enfatizó Chahla. Desde su experiencia como médica, vinculó esas carencias con las condiciones sanitarias y sociales de la población: “Sabemos qué determinantes son para la salud la vivienda, las cloacas, el agua, el alimento, el trabajo, todo está directamente relacionado con la enfermedad; siete de cada diez personas que no tienen estas cosas básicas se enferman”.
La intendenta también remarcó la desigualdad que existe en el acceso a servicios esenciales entre los barrios populares y otras zonas de la ciudad. En ese sentido, señaló que prestaciones consideradas habituales para una parte de la población todavía no forman parte de la vida cotidiana de miles de familias que residen en sectores vulnerables.
El diagnóstico presentado por Chahla ante la comisión legislativa expuso las dificultades de acceso a infraestructura urbana en los barrios registrados. Según las cifras citadas por la intendenta, ninguno de los 81 barrios populares de San Miguel de Tucumán cuenta con conexión formal a la red cloacal y solo uno tiene acceso regular al agua de red.
En cuanto a los servicios eléctricos, el relevamiento indica que el 90,1% de las 25.700 familias dispone de acceso formal a la electricidad. Sin embargo, el 78,5% accede al agua mediante conexiones irregulares, una situación que refleja las dificultades pendientes en materia de infraestructura y servicios públicos.
Frente a ese escenario, Chahla defendió la integración urbana como una alternativa a la exclusión de las familias de estos sectores. “Sería fácil decir ‘que los saquen a los barrios populares’, pero a los barrios vulnerables hay que integrarlos en la sociedad, en la vida urbana y social”, sostuvo.
La jefa municipal destacó, además, el papel de las políticas públicas que promovieron mejoras habitacionales y la participación de cooperativas en la ejecución de obras. Según explicó, ese esquema permitía que parte de los trabajos quedara en manos de trabajadores de los propios barrios, con un impacto que iba más allá de la infraestructura. “Debían ser en un 25% con cooperativas, para que tenga trabajo y empleo la gente del mismo lugar, es decir, daba trabajo, movilizaba la economía, dignificaba a estas personas y les daba lo esencial”, afirmó.
Durante su exposición, la intendenta también reclamó por las obras de integración socio urbana que quedaron sin terminar a partir del desfinanciamiento nacional. Como ejemplo, mencionó las soluciones sanitarias previstas para los barrios populares y advirtió sobre la diferencia entre las intervenciones prometidas y las que finalmente se concretaron.
“De 500 soluciones sanitarias prometidas, algo básico como un baño, solo se terminaron entre 50 y 150”, cuestionó. La funcionaria sostuvo que los gobiernos locales enfrentan dificultades para cubrir con recursos propios inversiones de gran magnitud y señaló que, ante la falta de agua, electricidad o cloacas, los vecinos suelen acudir a los municipios para reclamar respuestas.
“Los gobiernos locales tenemos una enorme dificultad de recursos. ¿Cómo hacemos inversiones de millones si no tenemos el financiamiento del Estado nacional que garantice la ejecución transparente de estas obras?”, planteó.
En ese marco, defendió la necesidad de restablecer los fondos previstos para ejecutar las intervenciones y aseguró que el municipio controla los procesos de contratación. “Auditamos cada licitación y trabajamos con políticas públicas basadas en evidencia. Por eso este proyecto me parece fundamental para devolverle a la gente el derecho a las obras que necesita”, expresó.
Chahla recordó que durante su paso por la Cámara de Diputados se modificó la legislación vinculada al Renabap para ampliar las posibilidades de regularización dominial. Según explicó, ese cambio buscaba facilitar el acceso a las escrituras y, a partir de ellas, avanzar en el reconocimiento de derechos y en la posibilidad de solicitar servicios públicos.
También destacó la participación de organizaciones sociales como Cáritas y Techo en las políticas de integración. Las definió como entidades que buscan recuperar herramientas públicas para mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan estos barrios.
La intendenta consideró que su intervención en la comisión representó una oportunidad para respaldar la iniciativa legislativa y defender la continuidad de estas políticas. “Donde se retira el Estado gana el narcotráfico, gana la droga, entonces ahí es donde tenemos que estar, el Estado tiene que estar presente, mejorar, mejorar y mejorar, darles la oportunidad e integrarlos a la sociedad”, afirmó.
Entre los antecedentes que mencionó se encuentran la Ley 27.453, aprobada en 2018, vinculada al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, y la Ley 27.694, sancionada en 2022. Según los datos expuestos, las políticas desarrolladas en ese marco permitieron aprobar más de 1.300 obras de infraestructura y que más de 250.000 mujeres mejoraran sus viviendas mediante el programa Mi Pieza.
La normativa también contempló una prórroga de diez años de la suspensión de desalojos en los barrios populares, un período de emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental y la ampliación del registro nacional. Para Chahla, la restitución del financiamiento resulta central para sostener las intervenciones pendientes y avanzar en la integración de estos sectores a la vida urbana.
“Las transformaciones se construyen desde abajo y la única manera de fortalecerlas es restituyendo los fondos que corresponden por ley”, concluyó la intendenta, al insistir en la necesidad de que el Estado nacional garantice los recursos para completar las obras y ampliar el acceso a los servicios esenciales.
